EN PUEBLA EXISTEN MUCHAS INSTITUCIONES QUE IMPARTEN LICENCIATURAS EN DERECHO PERO CARECEN DE CERTIFICACION: ICI

El Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla en, voz de su Director General Germán Molina Carrillo hizo un llamado al Congreso del Estado para que las reformas legales en materia de juicios orales se aprueben a la brevedad porque el Estado presenta un rezago en comparación a otras entidades en esta materia.

Existen ventajas de los juicios orales en el sentido de que aseguran la inmediación directa de las pruebas, generan acercamiento a la verdad histórica y garantizan transparencia a los procesos; sin embargo su implementación implica una profunda transformación que llevará varios años, por lo que ya es necesaria la reforma a las leyes correspondientes.

De este modo será posible su instrumentación, contemplando la capacitación debida, el rediseño arquitectónico de los espacios que van a ocupar para dicha tarea, el uso de tecnología y sobre todo, el presupuesto necesario para tal encomienda. El actual Gobernador Mario Marín y la actual legislatura no deben irse sin antes dejar lista esta tarea, indicó.

 


Molina Carrillo resaltó por otra parte, que Puebla es la segunda entidad, a nivel nacional, que cuenta con mayor número de instituciones que imparten la licenciatura en derecho, lo que resulta preocupante, ya que la gran mayoría de ellas carecen de certificación o acreditación por parte de organismos evaluadores que garanticen la calidad del contenido de su programa académico.

Debe tomarse en cuenta, dijo, la infraestructura y formación de su planta docente, por lo que es necesario que las autoridades educativas se abstengan de autorizar nuevas incorporaciones porque el marcado se encuentra saturado. En el estado sólo tres instituciones cuentan con acreditación por parte del COPAES para impartir la carrera de Derecho y son la BUAP, UPAEP y el ICI.

Finalmente opinó que el nuevo gobierno estatal de Rafael Moreno Valle debe impulsar una reforma electoral acorde a los tiempos y se tome en cuenta el tema de los derechos humanos, además de que se impida que situaciones sindicales que atañen al magisterio afecten las actividades docentes, además de que los incrementos salariales deben ser acordes a los resultados en la enseñanza.