El pleno de la Asamblea Estatal del Partido Revolucionario Institucional aprobó por mayoría los dictámenes que se discutirán este fin de semana durante la XXI Asamblea Nacional del partido.
Con la presencia de los 120 delegados que participarán en el evento nacional, el Delegado Presidente del PRI, Pablo Fernández del Campo, y el Delegado del CEN, Fernando Moreno Peña, encabezaron la lectura de los cambios que, en caso de aprobarse, tendrán los documentos básicos y el programa de acción que desarrollará el partido en los próximos años. Entre los puntos más importantes del apartado “Documentos Básicos” destaca que el PRI eliminará el requisito de haber ocupado un cargo de elección popular para poder ser candidato a Gobernador o a Presidente de la República.
Asimismo, se establece la posibilidad de postular como candidatos del partido a ciudadanos simpatizantes para los tres ámbitos de gobierno, previo acuerdo de la Comisión Política Permanente.
De la misma manera los dictámenes proponen otorgar al Consejo Político Nacional la atribución de emitir recomendaciones a los militantes que ocupan cargos públicos a propósito de su desempeño.
Para agilizar las tareas del partido, el partido plantea reducir de mil 271 a 620 el número de integrantes del Consejo Político Nacional, así como darle  mayor peso político a la Comisión Política Permanente reducir su integración de 225 a 54 miembros.
En el apartado “Programa de Acción, relacionado con la Reforma Energética, el PRI se pronuncia por mantener la rectoría del Estado en la materia y por garantizar que el patrimonio y explotación de nuestros recursos  energéticos sea en beneficio de todos los mexicanos.
Por otra parte, y con el fin de garantizar el desarrollo nacional, el dictamen propone una Reforma Hacendaria integral para que los mexicanos cuenten con empleos mejor remunerados, se impulse una economía más productiva y competitiva a nivel global con piso de seguridad social universal y se otorgue financiamiento público oportuno para el campo, la pesca y el bosque.
Además, se sugiere mantener finanzas públicas sanas para solventar servicios públicos de calidad que favorezcan la actividad económica de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.
En este rubro, el PRI reconoce la necesidad de impulsar una reforma que abarque lo relativo a ingreso, deuda y gasto de los tres ámbitos de gobierno, rechazando que esto se logre a costa de mayores gravámenes para los sectores más desprotegidos de la población.