Integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que preside el Diputado Edgar Salomón Escorza y de la Comisión de Transparencia y Acceso a la información del Congreso del Estado, que preside la Diputada Josefina Buxadé Castelán, acordaron la asistencia de hasta diez personas como observadores en representación de instituciones académicas y organizaciones sociales en el desarrollo de las comparecencias que se realizarán a nueve aspirantes para ocupar el cargo de Comisionada o Comisionado Propietario y Suplente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado.

Las comparecencias se realizarán el martes 4 de diciembre en el Salón de Protocolos del Poder Legislativo a partir de las 10:30 horas.

En este sentido, los Legisladores aprobaron los lineamientos siguientes:

a) Las instituciones académicas y organizaciones sociales podrán registrar su propuesta a observadores a partir del veintinueve de noviembre del año en curso y concluirá hasta que se hayan registrado y ocupado los diez lugares, o en su caso, hasta el viernes treinta de noviembre a las 18:00 hrs, quedando acreditados según el orden y lugar en que se hayan presentado mediante escrito firmado a través de su representante legal, anexando copia simple del acta constitutiva ante la Secretaría General del Honorable Congreso del Estado de Puebla, en horario de 9:00 a 18:00 horas, remitiendo éstas a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información.

b) Los observadores acreditados por la Comisión para el desarrollo de las comparecencias podrán estar presentes en el desahogo de todas y cada una de las comparecencias programadas.

c) Con el objeto de salvaguardar la imparcialidad y el debido desahogo del procedimiento, los observadores acreditados deberán abstenerse de emitir juicio de valor u opinión en favor o en contra de algún compareciente y del procedimiento, así como de registrar las comparecencias a través de cualquier tecnología de la información.

d) El Congreso del Estado publicará en su sitio web, la lista de los observadores acreditados para el desarrollo de las comparecencias.

Asimismo, las instituciones académicas y organizaciones sociales, independientemente de haber o no acreditado observadores para el desarrollo de las comparecencias, podrán hacer llegar a la Comisión actuante las preguntas que estimen pertinente se puedan realizar a los comparecientes, en donde el Órgano Colegiado podrá considerar hasta el cincuenta por ciento de las preguntas que formulen.

Cabe mencionar, que el plazo para presentar las preguntas será los días 29 y 30 de noviembre, de 9:00 a 18:00 horas, en la Secretaría General del Congreso, formulándose por escrito y en forma separada por cada pregunta, suscrita y firmada por el representante de las instituciones académicas y organizaciones sociales, adjuntado al mismo copia simple del acta constitutiva correspondiente, remitiendo éstos a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información.

Por otro lado, el Cuerpo Colegiado aprobó los lineamientos para que los ciudadanos Miriam Carrillo Ruíz, Norma Estela Pimentel Méndez, Gerardo Guevara Bret, Federico González Magaña, Rafael Gustavo Hernández García Cano, Jorge Alberto Calles Santillana, José Silvestre Joaquín Romero y Morales, Gabriel Guerrero Monter y Alberto Javier Segovia Blumenkron, comparezcan el próximo martes 4 de diciembre en el Salón de Protocolos del Poder Legislativo a partir de las 10:30 horas.

Cada comparecencia tendrá una duración de 15 minutos, a fin de que los aspirantes demuestren conocimientos en el tema de transparencia y acceso a la información, y den respuesta a un total de cuatro preguntas, mismas que serán elaboradas por la Comisión de Transparencia y por las diferentes instituciones académicas y organizaciones sociales.

Una vez concluidas las comparecencias, los integrantes de la LVIII Legislatura, llevarán a cabo el análisis procedente y determinará la terna que será llevada al Pleno del Congreso para que de ahí surja la Comisionada o el Comisionado Propietario y Suplente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado.