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- Categoría: PODER EJECUTIVO
Inadmisible el desempeño, afirma, basado en mediciones
Es inadmisible que en un estado como Puebla, el Poder Judicial, uno de los mejor pagados en el país y con las mejores condiciones de trabajo, sea ineficiente, corrupto y precario en la impartición de justicia.
Ante resultados obtenidos en el último estudio de la Asociación de Bancos de México (ABM), en coordinación con el ITAM, el Consejo Coordinador Financiero y Moody´s de México, correspondiente al 2009, el gobierno del estado no tiene argumentos válidos para defender los pésimos resultados obtenidos por los encargados de impartir justicia.
El Poder Judicial del estado, ocupó, una vez más, los últimos lugares en calidad de jueces, calidad de las resoluciones, autonomía de jueces y magistrados, rapidez en los procedimientos de ejecución, último lugar en imparcialidad de los procedimientos, entre otros. En cuanto a los salarios de los jueces, ocupa el lugar 18 y el primer lugar en condiciones materiales de los juzgados.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en 2008, colocaba a Puebla como el último lugar en sistema de derecho confiable y objetivo, 47% debajo de la media nacional.
Nuestro Compromiso es darle soluciones reales a los ciudadanos, una de las principales propuestas de la plataforma de Compromiso por Puebla es garantizar que en el estado haya una verdadera división de poderes, para asegurar que el Poder Judicial y Legislativo dejen de “responder” a los intereses del gobernador en turno, como ha venido sucediendo en los ochenta años del tricolor en el poder.
Nuestro Compromiso y el de Rafael Moreno Valle Rosas, es que la justicia sea para todos los ciudadanos y no para unos cuantos, por ello, crearemos el Consejo de la Judicatura, para modernizar, el tan obsoleto, sistema de impartición de justicia y para garantizar la objetividad, honestidad, profesionalismo e independencia de los jueces.
Asimismo, nuestro Compromiso es la consolidación del Servicio Civil y Profesional tanto en el Poder Judicial como en la Procuraduría General de Justicia, a fin de mejorar el desempeño de los servidores públicos.
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