PROTEJAN A PROBABLES RESPONSABLES DE FRAUDE.

-Durante la última semana se presentaron 264 denuncias más contra FINANCIERA COOFIA

-En Tehuacán, Ministerios Públicos reciben denuncias y les dan trámite sin necesidad de que agraviados acudan a la capital poblana

-Ex empleados describen en testimoniales cómo se utilizó el engaño para cometer los fraudes

PUEBLA, Pue.- La Procuraduría General de Justicia (PGJ) informa que consignó un total de mil 490 Averiguaciones Previas ante jueces Penales por el delito de fraude, solicitando las órdenes de aprehensión correspondientes en contra de los probables responsables quienes pueden ser autores intelectuales, materiales, cómplices, o bien, en contra de quienes recurran al encubrimiento o auxilio para que los sujetos activos del delito evadan la acción de la Justicia.

Cabe destacar que del total de expedientes consignados, un total de 133 de FINANCIERA COOFIA se turnaron a jueces de la capital del estado, así como 92 de INVERGROUP y 71 de GRUPO BIENESTAR SOCIAL LA PAZ, en tanto que de GRUPO INMOBILIARIO SITMA, mil 194 Averiguaciones Previas se consignaron a las autoridades de Puebla, Cholula, Tehuacán e Izúcar de Matamoros.

Ministerios Públicos que reciben denuncias en el interior del estado se hacen cargo completamente del expediente para que la ciudadanía no tenga que trasladarse hasta la capital para realizar algún trámite.

EMPRESA DENUNCIANTES MONTO

COOFIA 6,073 $ 712,510,979.00
SITMA 3,090 $ 376,036,628.00
INVERGROUP 262 $ 31,960,569.00
GRUPO BIENESTAR
SOCIAL LA PAZ 300 $ 205,699,150.00

TOTAL 9,725 $ 1,326,207,326.00

Es importante señalar que los probables responsables del delito de fraude detenidos hasta el momento: Edmundo Tiro Moranchel, (accionista, socio fundador y directivo), José Ramón Vega Laing, (directivo), Emerson Cruz Olea, (director comercial y gerente), y Efrén Aguilar Huesca, (gerente regional de Puebla, Tlaxcala y Morelos), todos ellos de GRUPO INMOBILIARIO SITMA, recibieron auto de formal prisión.

Como parte de su defensa ante autoridades judiciales, rechazaron las acusaciones, manifestando que "nunca tuvieron contacto con los agraviados y que se desempeñaban únicamente como empleados", además nombraron a peritos contables para demostrar que el monto del fraude es menor al señalado por el Ministerio Público.

La Procuraduría General de Justicia presentó entre otras pruebas: peritajes contables, actas constitutivas de las instituciones, documentales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que avalan su operación de manera ilícita, testimoniales de ex empleados donde hacen señalamientos directos en contra de los sujetos activos del delito, quienes valiéndose de engaños consumaron los fraudes, ilícitos que son investigados con el firme compromiso de evitar que queden impunes.