• Programas sociales construidos exprofeso en procesos electorales, que no estén presupuestados, constituyen indicios de programas sociales con un uso electoral: Lorenzo Córdova

• En la Sedesol, el blindaje electoral es un tema que nos tomamos muy en serio. Se hará efectivo en todas nuestras delegaciones y nuestros programas: Eviel Pérez

• Ciudadanos, medios de comunicación y sociedad civil deben participar en la vigilancia de la correcta utilización del dinero público: Arely Gómez

El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, atestiguó la firma del Adendum al Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Procuraduría General de la República (PGR) -a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade)- y la Secretaría de la Función Pública (SFP), a fin de blindar el Proceso Electoral 2018 ante el posible uso de programas sociales con fines electorales.

Ante los titulares de dichas dependencias, el Presidente del INE destacó que la firma de este Adendum “me parece que es una buena noticia para la equidad y el desarrollo del Proceso Electoral del 2018, el más grande que hayamos vivido en nuestra historia democrática”.

Sin embargo, advirtió que “los programas sociales que sean de temporal, construidos exprofeso durante los procesos electorales, que no estén presupuestados debidamente –en ejercicios federales como locales-, que no cuenten con reglas de operación definidas con antelación, y no tengan un padrón de beneficiarios, constituyen indicios de programas sociales con un uso electoral”.

Esto implicará, precisó, una vigilancia puntual tanto del INE, como de la Fepade, instancias que han conformado una alianza natural, estratégica, para coadyuvar en todas las tareas de prevención como los que la Adenda plantea.

En las instalaciones de la Sedesol, Lorenzo Córdova precisó que con estas acciones, las instituciones firmantes se están comprometiendo públicamente, entre otros aspectos, a generar sinergias para prevenir y combatir los delitos electorales; evitar el condicionamiento de la entrega de recursos públicos a cambio del sufragio.

“Es ilegal que los servidores públicos condicionen el otorgamiento de los beneficios de los programas sociales a una conducta proselitista o bien al apoyo a un partido político, candidata o candidato. Cualquier intento de compra o coacción del voto debe ser denunciado para impedir que se vulnere la equidad de las contiendas”, resaltó. 

Lo que subyace en esta Adenda, precisó, “es un compromiso público de las instituciones firmantes para impedir que los servidores públicos se beneficien electoralmente de su acceso a recursos del Estado, y evitar que los programas sociales se conviertan en una fachada para encubrir intereses partidistas o personales”.

Se trata, agregó, de contar con un instrumento jurídico que permita desplegar acciones que inhiban aquellas conductas que pudieran alterar la equidad de la competencia democrática por los poderes públicos.

El Convenio de Colaboración en Materia de Capacitación, Difusión y Divulgación para Prevenir la Comisión de los Delitos Electorales y Fomentar la Participación Ciudadana, data de 2015 y mediante la firma del mismo, instancias del Estado Mexicano como el INE y la Fepade han impulsado acciones tendientes a evitar que recursos o poderes públicos influyan en el desarrollo de las elecciones.

Al tomar la palabra, el Secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, reiteró el compromiso del Gobierno de la República con la legalidad y la democracia, por lo que se acatará la instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto, para evitar que se haga mal uso de los programas sociales en el Proceso Electoral del presente año.

Dijo que se hará efectivo dicho procedimiento “en todas nuestras delegaciones, en nuestros programas, en cada comedor comunitario, estancia infantil, lechería o tienda rural”.

Pérez Magaña destacó la importancia de dicho instrumento y su esfuerzo interinstitucional para garantizar la aplicación transparente e imparcial de los recursos públicos.

“Para nosotros, en la Secretaría de Desarrollo Social, el blindaje electoral es un tema que nos tomamos muy en serio, porque es una obligación normativa y por la cercanía que tenemos con diversos sectores de la población en todo el territorio nacional”, señaló.

Estamos obligados, dijo, “a cuidar los avances democráticos, y de ahí la importancia de los esfuerzos que realizamos para que el Proceso Electoral de este año sea un acontecimiento ejemplar, transparente y apegado a Derecho”.

A su vez, la Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, destacó el compromiso para fortalecer la participación de la Contraloría Social en la vigilancia de recursos públicos etiquetados para programas federales de desarrollo social. La Contraloría Social, explicó, es un mecanismo de colaboración ciudadana, en el que los beneficiarios de dichos programas monitorean el uso de los recursos.

En ese marco, convocó a ciudadanos, medios de comunicación y a la sociedad civil a participar en la vigilancia de la correcta utilización del dinero público y a utilizar los mecanismos de denuncia, en caso de un fin distinto a los programas de desarrollo social.

Durante 2017, informó, dependencias de la Administración Pública Federal tenían constituidos más de 78 mil comités de Contraloría Social en 34 mil localidades de las 32 entidades federativas.

El titular de la Fepade, Héctor Marcos Díaz Santana, puntualizó que con este documento “queremos que los nexos entre instituciones y democracia aseguren y garanticen la equidad en la contienda electoral, una democracia de calidad, fundada en el respeto a las reglas, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana”.

Dijo que este blindaje electoral permitirá que las instituciones ofrezcan certeza a la sociedad y que los recursos públicos mantengan su ruta original que es: ofrecer bienes públicos y servicios para atender las necesidades de los grupos sociales en condición de vulnerabilidad.

Cabe señalar que el documento firmado en las instalaciones de la Sedesol, incluye acciones de vigilancia y supervisión encaminadas a que ninguna persona condicione la entrega de recursos y apoyos a cambio del voto, el acompañamiento en el resguardo de inmuebles y parque vehicular los días previos a la Jornada Electoral, así como las acciones de capacitación en materia de blindaje electoral y causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Dichas acciones están orientadas a fomentar la cultura de la legalidad, la prevención del delito y el combate a la corrupción.