La LIX Legislatura, realizará las reformas Constitucionales para la creación del Sistema Local Anticorrupción,  proyecto que fue aprobado por mayoría.
Al inicio de la sesión extraordinaria, la diputada Patricia Leal Islas, Presidenta de la Mesa Directiva, explicó los alcances y detalles, cuyo objetivo es crear una instancia de coordinación con todos los órdenes de gobierno en materia de responsabilidades, hechos de corrupción y control de recursos públicos.

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) estará integrado por un Comité Coordinador que aglutina a la Auditoria Superior de la Federación, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con la Corrupción y a una Secretaría del gobierno federal, agregó la legisladora.
Señaló que también se formará un Comité de Participación que, además de estar integrado por 5 ciudadanos destacados, se coordinará con Sistemas Locales para determinar el intercambio de información y emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades.
Previo un debate de ideas entre legisladores de las diferentes fuerzas políticas, Patricia Leal explicó que entre los puntos importantes del nuevo SNA, se encuentra la eliminación del Término de la Anualidad y de Posteridad. Esto significa que la Auditoría Superior de la Federación (ASF)  podrá auditar durante el ejercicio fiscal en turno, sobre ejercicios anteriores y  en tiempo real.
Otro punto es la fiscalización de las participaciones federales de manera directa o en coordinación con las autoridades locales; la fiscalización de recursos locales cuando provengan de deuda y la investigación de irregularidades detectadas, así como fincar responsabilidades por conductas graves y denunciarlos ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.
Agregó que con estas disposiciones, la Cámara de Diputados será la encargada de nombrar a los titulares de los órganos de control. La legislación permitirá fincar responsabilidades administrativas también a los particulares;  el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniares, así como denuncias ante la Fiscalía. Los servidores públicos tendrán la obligación de presentar su Declaración Patrimonial y de Intereses.
Se incorpora el enriquecimiento ilícito como supuesto para la extinción de dominio y las sanciones administrativas se amplían de 3 a 7 años. El nombramiento del titular de la Función Pública será ratificado por el Senado de la República, recordó.
Patricia Leal, indicó que por lo que corresponde a la LIX Legislatura, realizará las reformas Constitucionales y adecuaciones normativas para la creación del Tribunal de Justicia Administrativa y del Sistema Local Anticorrupción.
Por otra parte, durante la Sesión Extraordinaria, se admitieron recursos de revocación del procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades, que presentaron José Gonzalo Luna Carballido ex director del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable del municipio de Guadalupe Victoria (2014) y de Román Miguel Rodríguez Calletano, ex presidente municipal de Xochiltepec (2005-2008).
Los diputados aprobaron Prevenir por una sola vez a Sebastián Ramos Palacios, ex presidente municipal de San Miguel Xoxtla, a quien se le aplicó un Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades por el ejercicio del año 2009.