En el Congreso extraordinario de la Confederación Nacional Campesina se denunció que desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 2.3 millones de campesinos han dejado sus tierras para emigrar a los Estados Unidos o a las ciudades y otros 5 millones de productores eligieron dedicarse a distintas actividades con mejores remuneraciones.

En la mesa de trabajo “Estado eficaz: Modernización de la administración Pública Mexicana para Atender el Campo”, el especialista José R. Castelazo y Jesús Moncada de la Fuente, director general del Colegio de Post graduados, advirtieron que de seguir en esta tendencia existe el riesgo de que la importación de alimentos en México llegue al 80 por ciento.

José R. Castelazo, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), informó que desde 1995 el gobierno mexicano ha proporcionado menos apoyos totales al campo con respecto a sus propios socios comerciales, que son Estados Unidos y Canadá.

En promedio, el monto total fue equivalente al 18 por ciento del valor nacional de la producción agropecuaria, en tanto que el otorgado por la Unión Europea fue del 35.1 por ciento; Estados Unidos el 32.4 por ciento y Japón el 62.8 por ciento.

Entre las propuestas de solución de estos desequilibrios económicos y sociales, los ponentes de la mesa coordinada por Ernesto Enríquez Rubio, coincidieron en la necesidad de emprender programas de modernización de la administración pública de manera integral y a fondo, a fin de que opere con mayores índices de eficiencia en beneficio de los productores del campo mexicano, de su productividad, innovación y desarrollo de capacidades.

De acuerdo con los ponentes, la última Ley de la Administración Pública Federal se hizo en 1976, a fin de corregir duplicidades, precisar responsabilidades, racionalizar y simplificar estructuras que, en lo esencial, se mantiene en la actualidad. En el caso particular del sector agropecuario, forestal y pesquero, se ha diferido la definición de políticas de fomento a la producción en todas las ramas del sector primario.

Precisaron que según el CONEVAL, programas fundamentales para impulso del sector rural, como Procampo, Alianza para el Campo y Apoyos y Servicios a la Comercialización, tienen problemas de diseño por no responder a una nueva realidad productiva, económica, ambiental y social del sector, además de que evidencian desviaciones y malas prácticas por ser extemporáneas, subjetivas y clientelares.

Otra situación calificada de grave, se dijo, es que de 2002 a la fecha, el 83 por ciento de los productores recibieron alrededor del 48 por ciento de los recursos federales, que, comparados con el 5.3 por ciento de los agricultores más importantes, quienes percibieron el 30.7 por ciento, se evidencia la dispersión, falta de concurrencia y concentración de los subsidios, lo que ha diferido el desarrollo económico y social de los productores del campo, especialmente los que viven en zonas vulnerables.

Asimismo, se destacó que la ONU ha señalado que en este periodo el 10 por ciento de los productores más pobres obtuvo solamente el 0.1 por ciento de las transferencias del ingreso objetivo, mientras que al 10 por ciento de los productores desarrollados correspondió el 80 por ciento, por lo que el Estado y su administración pública no pueden eludir más su responsabilidad de definir políticas públicas, impulsar programas que ejecuten los productores y verificar su cumplimiento, ofreciendo certeza y calidad en los servicios que se prestan a los ciudadanos.