Hipólito  Contreras/ Mario  Vélez  Merino, dirigente de la  Unión Campesina  Democrática, hizo un llamado a los gobiernos  Federal, Estatal  y Municipal, para que antes de que se vayan hagan un acto de  justicia a favor de los  indígenas de  Azumiatla y  les devuelvan  156 hectáreas.

Informó que el pasado  17 de septiembre les había  fijado  el  Tribunal  Superior de Justicia la fecha para que los  indígenas de  San  Andrés  Azumiatla ratificaran una queja que interpusieron en contra del juez de  Cholula, Francisco Javier Martínez Castillo, porque siete veces  ha cancelado el  careo con la parte acusadora.

El juez, dijo el dirigente campesino,”en pleno contubernio con los empresarios de  la empresa  Triturados  Basálticos  Tomé Villalba,  ha protegido a los  empresarios”. Los indígenas, afirmó,  hicieron acto de presencia para ratificar su queja contra el juez ya que la ley lo  mandata para que haga comparecer a los acusadores a  través de  la policía judicial y puedan desahogar   una prueba que para ellos es determinante.

Afirmó que  el juez de Cholula les  propuso es que se desistieran de la prueba para que pudiese dictar sentencia.
Nos  parece, dijo, una violación grave en contra de esta gente humilde  y  pobre  que además sufren las vejaciones por parte de funcionarios que consiste en el despojo de sus tierras.

Indicó que los dieciocho indígenas  que fueron detenidos hace más de un año siguen firmando cada ocho días en el juzgado de lo penal de  Cholula porque con una firma que haga falta el juez  revoca  la libertad bajo fianza y los encarcela nuevamente.

Expuso que el fondo de todo esto es concluir el despojos de tierras en contra de los indígenas de Azumiatla, las  156  hectáreas, afirmó, es la entrada del macro proyecto que vienen planteando sobre el rescate de la presa de Valsequillo, en Tecola, el Rincón, el  Aguacate, los Ángeles y en otras comunidades existe un ejercito de especuladores comprando tierras, valiéndose de la ignorancia de la gente, aprovechando acceso a una información privilegiada.

Denunció la  familia  Tomé  ya construyó una enorme barda para rodear las  156  hectáreas que corresponde a  los indígenas desde hace muchos años.

Los campesinos, aseguró, tienen escrituras que les entregó el actual gobernador cuando fue  Secretario de  Gobernación en el  gobierno de Manuel Bartlett, ahora dicen que no valen, sin embargo, de todas formas las tierras  son de ellos, las tienen en posesión desde hace muchos años.