Puebla, Pue.-El Centro de Investigaciones Jurídicas y la Comunidad académica del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, después de haber analizado el contenido de las nueve iniciativas de reforma a diversas leyes de la entidad, presentadas en días pasados por el doctor Rafael Moreno Valle Rosas, Gobernador Constitucional del Estado de Puebla ante la LVIII Legislatura, en nuestro carácter de universitarios, damos a conocer nuestra postura.

1.Manifestamos nuestro beneplácito por la propuesta de creación del CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO para garantizar que la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial sean elementos que permitan el eficiente funcionamiento del H. Tribunal Superior de Justicia, además de garantizar su plena autonomía, pues el citado proyecto propone otorgar a dicho Consejo, facultades para crear los juzgados, secretarías y actuarías necesarios, así como, el manejo de su presupuesto. En este sentido, consideramos conveniente la aprobación de dicha reforma constitucional y legal, resaltando el hecho de que la terna para la conformación de los integrantes del Consejo de la Judicatura que se designe por el Ejecutivo del Estado y sea aprobada por el Congreso, sea integrada por PERSONAS PROPUESTAS POR COLEGIOS, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y UNIVERSIDADES, con la finalidad de garantizar su independencia e imparcialidad en las tareas del Consejo y que en ello se vea reflejada la participación de los ciudadanos y su colaboración en las tareas de alcanzar una mejor administración de justicia.

2.Sobre la propuesta de que se reconozcan los derechos humanos que amparan a todas las personas y los mecanismos de garantía para su protección, así como dotar de autonomía de gestión, operación, decisión y PRESUPUESTO a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, estimamos que dicha reforma a la Constitución Política local, significa un avance muy importante para la vida democrática de la entidad y refleja la intención del nuevo gobierno por retomar este tema que en los últimos años fue relegado y colocó a Puebla en los últimos lugares en la materia. Acorde con lo anterior, consideramos conveniente se adicione la reforma con la propuesta de un artículo transitorio que determine ADELANTAR LA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO Y DEL ACTUAL CONSEJO CONSULTIVO, con el propósito de que se logre una auténtica profesionalización de este organismo protector, con personal capacitado y eficiente, que brinde un servicio de calidad y oportuno a la colectividad.

3.Respecto a la propuesta de creación del CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA para garantizar a los gobernados que los miembros de los cuerpos de seguridad pública, de procuración de justicia y los centros de readaptación social, sean servidores públicos honestos, leales, eficientes y dignos de confianza; consideramos que es una iniciativa loable y que por sus alcances, sin duda saneará los vicios y corrupción que se han presentado en algunas dependencias de gobierno y que han quedado archivadas en la SEDECAP y en la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Por otra parte, respecto a la reforma que indica la solicitud de exámenes a personas que deseen ingresar a los cuerpos de seguridad, así como su aplicación a los que ya laboran en ellos, como requisito de permanencia, CONSIDERAMOS DEBE AMPLIARSE A LOS AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL y a las diferentes corporaciones policiacas y no exclusivamente al personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado. De igual forma, planteamos que los exámenes también sean aplicados a funcionarios de alto nivel, como los subprocuradores y directores de áreas, quienes por la naturaleza de sus funciones también deben acreditar que cumplen con el requisito de confiabilidad, por ello, solicitamos al H. Congreso del Estado, tome en cuenta estos aspectos para que la propuesta de reforma, al aprobarse, realmente cumpla con sus objetivos.