PUEBLA, Pue.- Profesional, oportuna y clara ha sido la asesoría jurídica que brindó la Procuraduría del Ciudadano a los afectados por Coofia, desde el pasado 23 de septiembre, cuando el gobernador del estado, Mario Marín Torres instruyó al titular de la institución apoyar a miles de poblanos víctimas de la empresa que ejercía operaciones financieras.

El apoyo de los defensores públicos sirvió para agilizar el camino de las denuncias por parte de los afectados ante las diferentes agencias del Ministerio Público.

Cabe señalar que a ninguno de los inversores se le ha coartado su derecho de proceder por la vía judicial que determine; a algunos les convendrá sujetarse al resarcimiento parcial de sus ahorros que establece el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fideicomiso Pago o Fipago), cuyas reglas establece el Gobierno Federal.

Ante esto, son las autoridades financieras, encabezadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las únicas que determinan quienes entran y quienes no al Fipago; ni la Procuraduría del Ciudadano, ni la Procuraduría General de Justicia, menos los diputados, ni la Secretaría de Gobernación estatal, tienen esa facultad.

La Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Finanzas han sostenido pláticas con los representantes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, encargados de operar el Fideicomiso Pago, con la intención de cubrir los trámites que establece la Federación y así, esa instancia, libere en un plazo mediano los recursos económicos para resarcir en un porcentaje el menoscabo patrimonial de las y los inversores.

Aquellos que invirtieron sumas de dinero por encima de los 240 mil pesos podrían seguir otra alternativa; la Procuraduría del Ciudadano les explicó las opciones jurídicas que pueden iniciar para tratar de recuperar su dinero.

En este caso la Procuraduría del Ciudadano está impedida de representar en juicio civil a los afectados por Coofia, ya que su figura es la de acreedores; y en todo caso, se tendría que otorgar la asistencia jurídica a los deudores.

Respecto a los probables defraudados por empresas inmobiliarias que realizaban operaciones financieras, su camino es el de la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia, instancia facultada por ley para la persecución de los delitos.

Defraudados de Coofia reciben respaldo de la Procuraduría del Ciudadano