La Subsecretaría de la SEDESOL que representa  Juan Carlos Lastiri Quirós,  llevó a cabo importante encuentro en la Ciudad de México, entre la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y las auditorias estatales, con el fin de normar criterios de auditorías, evaluación y comprobación del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (FAIS-Ramo 33). Esto de acuerdo y con base en las modificaciones a la normatividad del fondo: Ley, Lineamientos y Acuerdo Modificatorio. Durante la mañana, autoridades de la SEDESOL y de la Auditoria Superior de la Federación entablaron un dialogo con funcionarios de las auditorias estatales, para compartir experiencias sobre la fiscalización de los recursos del FAIS- Ramo 33 y exponer el impacto de los cambios realizados en la normatividad. Esto con el fin de establecer los retos y llegar a acuerdos para el seguimiento y evaluación del fondo. El Jefe de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales, de la Subsecretaría de Lastiri, Juan Manuel López Arroyo, comentó la importancia de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y de la nueva normatividad para la operación del FAIS-Ramo 33, para la mejora en la focalización de los recursos y el fomento en la rendición de cuentas de los recursos públicos.
En el marco del nuevo rol de la SEDESOL en la conducción del Fondo, y como dependencia coordinadora del mismo, se presentó la estrategia del FAIS-Ramo 33 para el mejoramiento de los indicadores de carencias. Lo anterior, bajo la premisa de alinear el fondo con la política social y gestión social por parte de las autoridades locales, ya que, por ejemplo, el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) es un mecanismo fundamental para incrementar la disponibilidad de infraestructura básica y mejorar la cobertura de estos servicios, principalmente en municipios rurales.
En este sentido, se busca asegurar que los cambios impulsados por el titular del Gobierno de la República, el C. Presidente Enrique Peña Nieto tengan impacto en el bienestar de los mexicanos, con la finalidad de impulsar una política social en la cual los ciudadanos ejercen sus derechos sociales con un piso mínimo de bienestar. Todo bajo una cultura de la evaluación institucionalizada que garantice la mayor eficacia en el ejercicio de los recursos.