- Linda Zavala
- Categoría: Opinión
-Los demonios de Marín lo persiguen hasta en la ONU.
-La impartición de la justicia en entre dicho.
Por Arturo Nieto y M.
Las recomendaciones de la ONU respecto al caso de la detención ilegal, que sufriera el 16 de diciembre de 2005 en Cancún la periodista y escritora Lydia Cacho Ribeiro , quien fue traslada a Puebla por elementos policíacos como resultado de la demanda por difamación interpuesta por el empresario Kamel Nacif Borge quien gozaba de la simpatía del entonces gobernador Mario Marín Torres, revive viejas heridas. Discriminación por razón de sexo, trato sexualizado y violencia de género, son algunos de los motivos por los que la ONU, pidió al Estado Mexicano desde el pasado 3 de agosto de este año, investigar las violaciones cometidas en agravio de la autora del libro Los Demonios del Edén en los que denunció una red de pederastas Lydia Cacho fue torturada en el trayecto Cancún-Puebla según sus propias declaraciones razón suficientemente para que la ONU se pronunciara contra contra esta práctica como instrumento de investigación, intimidación y castigo, violencia de género y discriminación contra las mujeres pero la cosa no para ahí, también pide una indemnización adecuada así como despenalizar en todos los estados los delitos de difamación y Calumnia. Varios aspectos importantes se destacan de estos sucesos ilegales: el uso mediático con fines político electorales una vez concluidas las gestiones del llamado gober precioso y el proceso electoral local que significó la derrota del PRI para lograr el arribo de Rafael Moreno Valle y la alternancia en el poder. La falta del seguimiento de las instancias judiciales que se concretaron a detener y encarcelar a uno de los principales involucrados, el responsable del operativo y secuestro, Héctor Montaño, mientras otra de las personas co partícipe del delito sigue prófugo, y el desinterés de los actores de la política que una vez lograda la llegada del PAN a la gubernatura, se conformaron con haber hecho daño al PRI en las urnas amén del “olvido” de candidatos a la presidencia de la República que en sus discursos prometieron encarcelar al ex gobernador por sus ligas con Nacif Borge. La percepción de la mediana aplicación de la justicia y reparación del daño ante los agravios, recibidos, obligó a la escritora a recurrir a la ONU, como se podrá observar, con buenos resultados. Ahora esta instancias internacional espera se reabra la investigación del caso para que los autores materiales e intelectuales reciban la sanción correspondiente. El hecho es que la intervención de la ONU se convierte en un recordatorio fehaciente en el sentido de que la impartición de justicia, en este caso, como en otros muchos, cuyas víctimas no pueden acceder a instancias internacionales, está en entredicho. Ahora que México cambió, esperemos que esto ya no suceda más.
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