Magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expone trascendencia de reformas de 2011

A un año del establecimiento de las reformas constitucionales en materia de juicio de amparo y Derech os Humanos, se sigue cuestionando y planteando la trascendencia de las mismas, indicó Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila de García Villegas, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el marco de las Jornadas Culturales Jurídico-Políticas verano 2012, que realiza la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, dijo que antes la ley era el derecho y los jueces simplemente dictaban sentencia a los lineamientos establecidos por ésta.

“Ahora se busca una impartición de justicia diferente, por lo que se puso de manifiesto la preocupación de marcos generales que atendieran a las personas, los Derechos Humanos en su desarrollo y que hicieran patente la protección de éstos”.

De esta forma se incorporó la posibilidad de que el propio ciudadano denunciara la violación de sus derechos, dirigiéndose a las instituciones dedicadas a esta tarea.

Actualmente existe un importante cuerpo de normas nacionales e incluso internacionales, donde los Derechos Humanos contenidos en tratados internacionales adquieren un grado superior.

Ante juristas, catedráticos y alumnos reunidos en el auditorio de esta unidad académica, la Ministra cuestionó cómo llevar a cabo el control de convencionalidad, es decir, la vigilancia de las convenciones y tratados internacionales.

Este control en México ha recibido particular trascendencia porque permitió, con las modificaciones a las reformas de juicio de amparo y Derechos Humanos, que los jueces del estado mexicano, de conformidad con el artículo primero constitucional, estén facultados para inaplicar las normas generales que, a su juicio, consideren transgresoras de los Derechos Humanos contenidos en la propia Constitución Federal y en los tratados internacionales.

Por otra parte Sánchez Cordero Dávila de García Villegas expuso que México ha sido sentenciado por la Corte Interamericana, al igual que Perú, por la violación a los derechos de sus habitantes y por falta de medidas de protección a las víctimas como en Chihuahua.

Comentó que dista mucho de ser un país de paz y seguridad, aspiraciones que no tienen que ser un impedimento por lo que se deben de establecer instituciones enfocadas a este fin.

“Se vive una crisis de seguridad nacional contra el crimen organizado que hace evidente tomar medidas decisivas dentro de un estado constitucional y de derecho”; la recomposición social requiere de todos los sectores sociales para marcar así la diferencia, puntualizó.