SEGUNDA PARTE

Foro Internacional sobre Políticas de Regulación del Consumo de Drogas, que se realiza en la Antigua Escuela de Medicina de la UNAM.

Prohibición, más grave que el consumo mismo.La prohibición del consumo de estupefacientes es un problema aún más grave que el consumo mismo, manifestó Alejandro Madrazo Lajous, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). El también académico de la Facultad de Derecho (FD) argumentó que no existen cifras que demuestren que la prohibición haya disminuido las adicciones, porque México no cuenta con una política pública integral. “Hasta el 2011 el gobierno federal erogó 16 pesos para represión y prohibición, por sólo un peso para prevención y tratamiento”, enfatizó.

En su oportunidad Antonio Mazzitelli, representante regional de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (ONUDC) para México, Centroamérica y el Caribe, indicó que el problema no son éstas, sino el accionar de las organizaciones criminales. Las dificultades son el sistema y los actores, no el producto, pues no existe relación directa entre los estupefacientes y la violencia. Lamentó que las políticas sólo se enfoquen desde el punto de vista militar y policiaco, y no de la salud.

En la mesa Marco general de la problemática jurídica relacionada con el consumo de drogas, moderada por Ismael Eslava, director General de Estudios de Legislación Universitaria de la UNAM, intervino Cristian Puga González de ReverdeSer Colectivo, quien consideró que el abordaje de combate en cada tipo de droga debe ser diferenciado. Añadió que la adicción tiene algo de esclavitud al estar relacionada con la abstinencia como forma de coerción.

Finalmente, Eduardo Guerrero Gutiérrez, de Lantia Consultores S.C., experto en temas de violencia, seguridad y crimen organizado, estimó que en el país existen 60 mil personas dedicadas al narcomenudeo, de las que nueve mil se avecinan en el Distrito Federal. “El 30 por ciento de las ejecuciones por esta práctica se realizan en esta urbe”. Estimó que fue en mayo de 2008, la fecha en que inició el contexto violento en territorio nacional.