La pena de muerte ha sido utilizada como medio de castigo en épocas y lugares diferentes, sin embargo si se revisa la situación de los países que cuentan con esta medida, por medio de la evidencia científica, se encontrará que dicha pena no reduce por sí misma los delitos violentos, expresó la maestra Luz Anyela Morales Quintero.

Para la académica y coordinadora de la licenciatura en Criminología de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, reducir el crimen no sólo depende de las sanciones que se apliquen a quienes cometen un delito, sino también de otros aspectos como programas de prevención e intervención.

El que se apruebe o no la pena de muerte u otros castigos dijo, “depende de varios criterios antes de poder afirmar su efectividad; la propuesta de una ley de este tipo debe estar fundamentada en la evidencia científica, con datos de evaluaciones previas sobre lo que funciona, por qué funciona y en qué condiciones, a esto se le conoce como Política Criminal Basada en la Evidencia Científica”.

Morales Quintero, expuso asimismo que se puede decir mucho de la pena de muerte, “por ejemplo que el sujeto obviamente no volverá a delinquir, pero el efecto como disuasión general no parece funcionar; entonces para considerar su aplicación, se deben tomar en cuenta varios aspectos”.

“En la actualidad se habla de un concepto llamado Intervención Correccional, que se refiere -desde el punto de vista legal- a la aplicación de sanciones graduadas, desde lo más leve como una multa, hasta la pérdida de la libertad, de la cual también a veces se abusa lo que produce en los implicados efectos psicológicos importantes, por lo que se deben considerar otras posibilidades como el trabajo comunitario o resarcir el daño”.

A su vez, “cada una de esas sanciones deben ir acompañadas de un programa de tratamiento acorde con el nivel de riesgo de incidencia y necesidades de la persona que cometió un delito; adicionalmente, estos esquemas deben ir reforzados con programas de prevención”, explicó. Finalmente la académica insistió: “las sanciones no van a funcionar si no se trabaja en la prevención del delito y en programas de tratamiento donde las personas aprendan habilidades como el manejo de la ira, autocontrol, o en el caso de delitos sexuales, identificar cuáles son los estímulos que les producen excitación sexual desviada y qué pueden hacer para manejarlo en el futuro”.