Se siguen ejecutando detenciones arbitrarias e inconstitucionales fuera de la línea fronteriza, en los innumerables retenes militares y policiacos, o bien, en operativos especiales y en las rutas del ferrocarril utilizado por los migrante, denuncia.

-Presenta una iniciativa para reformar la Ley General de Población, a fin de brindar certidumbre jurídica en el proceso de aseguramiento de extranjeros

Aún persisten situaciones que vulneran los derechos humanos y garantías constitucionales de los migrantes que cruzan por territorio nacional, a pesar que la migración ilegal en México ya no es, afortunadamente, un delito que se sancione con privación de la libertad, destacarón los senadores panistas Ángel Alonso Díaz -Caneja y Sebastián Calderón Centeno, integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur.

A nombre de su compañero de bancada Ángel Alonso Díaz Caneja y de los senadores Francisco Herrera León, del PRI, y José Luis Máximo García Zalvidea, del PRD, Calderón Centeno presentó una iniciativa para adicionar un segundo párrafo al artículo 73 de la Ley General de Población, a fin de brindar certidumbre jurídica en el proceso de aseguramiento de extranjeros.

“Los migrantes en nuestro país continúan siendo víctimas no sólo de la delincuencia organizada, sino también de diversas autoridades. El secuestro, la extorsión, la trata y tráfico de personas, los asaltos y violaciones sexuales, son delitos a los que están expuestos a todo lo largo y ancho del territorio nacional, principalmente en las rutas migratorias tradicionales.

“De igual forma, persiste la violación a sus derechos humanos y garantías constitucionales, las que tienen mayor recurrencia durante el proceso de aseguramiento y retorno a sus países de origen”, dijo.

Estas violaciones, acotó, se cometen particularmente por las autoridades de los tres niveles de gobierno, ya que se ejecutan detenciones arbitrarias e inconstitucionales fuera de la línea fronteriza, es decir, tierra adentro en los innumerables retenes militares y policiacos, o bien, en operativos especiales y en las rutas del ferrocarril utilizado por los migrantes.

Por su parte el legislador por Puebla Ángel Alonso indicó que en los últimos años las detenciones arbitrarias de migrantes —tanto documentados como indocumentados—se han incrementado de forma exponencial.

“De 2002 al 2005, el número de extranjeros detenidos por el Instituto Nacional de Migración (INM) subió 74%, a 240 mil 269 personas. En las últimas estadísticas proporcionadas por el propio INM, en su página de internet, en el año 2008 fueron asegurados 39 mil 436 migrantes, y 69 mil 083 en el año 2009, es decir, hubo una tasa de crecimiento anual de 75.17%”, precisó.  En este sentido, puntualizó que diversas fuerzas de seguridad del Estado se exceden de sus funciones actuando con arbitrariedad y violando no sólo el derecho al libre tránsito de los migrantes, sino otros derechos humanos fundamentales como el derecho a la seguridad personal.  “La ausencia de procedimientos y criterios concretos y transparentes en el aseguramiento de extranjeros, dan lugar a un amplio margen de discrecionalidad que garantiza la arbitrariedad, el abuso del poder y la violación al marco jurídico vigente”, apuntó.

La propuesta de los senadores de Acción Nacional se turnó a las comisiones de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos Primera, para su análisis y dictamen.