El ordenamiento de la propiedad social en México es un aspecto prioritario en la agenda agraria del Gobierno de la República para otorgar certeza al patrimonio campesino, alentar la inversión productiva y preservar el clima de gobernabilidad en el campo.

Así coincidieron el Procurador Agrario, Rocendo González Patiño y el director en Jefe del Registro Agrario Nacional (RAN), Emilio Cedrún Vázquez, en rueda de prensa, al informar de los avances y retos en materia de regularización de ejidos y comunidades del país.

El titular de la PA subrayó el compromiso contraído por las instituciones agrarias con el presidente Felipe Calderón para concluir en la presente administración los trabajos de certificación en los núcleos del país, y con ello finiquitar la segunda etapa agraria.

Para tal efecto, indicó, el sector agrario impulsa el programa Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), que en 2011 logró certificar 406 núcleos agrarios, la mayoría de ellos en Chiapas, Veracruz y Oaxaca.

A su vez, el director en Jefe del RAN informó que desde su puesta en operación, en diciembre de 2006 y hasta diciembre de 2011, el FANAR ha certificado 794 ejidos y comunidades.

Señaló que a la fecha, 29 mil 475 núcleos agrarios, de los 31 mil 778 legalmente constituidos en todo el país, ya tienen certificados sus derechos, lo que representa el 93 por ciento de avance.

Puntualizó que de las 103 millones de hectáreas que conforman la propiedad social, más de 89 millones ya están debidamente certificadas y tituladas, mediante la entrega de 10 millones 68 mil documentos agrarios, en beneficio de 4 millones 710 mil sujetos agrarios y sus familias.

La meta que se ha propuesto el sector agrario para este 2012, recalcó, es ordenar los derechos de propiedad de 550 ejidos y comunidades, que en su gran mayoría se ubican en los estados de Chiapas, Veracruz y Oaxaca.

Para cumplir este objetivo, indicó Cedrún Vázquez, se destinan 350 millones de pesos y además se intensifican las tareas de medición, con 130 brigadas de técnicos profesionales así como la asesoría jurídica y sensibilización directamente en los núcleos, para que se incorporen voluntaria y gratuitamente a este esquema.