El subsecretario de Desarrollo Rural de la SAGARPA,  Ignacio Rivera Rodríguez, coincidió con académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la necesidad de reestructurar el gasto orientado al campo, dotándolo de una visión de largo plazo y fortaleciendo  educación, organización productiva, capacitación, y sobre todo, apoyo a los agricultores familiares –de pequeña y mediana escala– pues “son ellos los llamados a resolver los temas de soberanía y seguridad alimentaria”.

Enfatizó en el reto de “generar capital humano a partir del conocimiento” y de políticas públicas que vinculen a la población rural a los mercados, al acceso a los servicios y a la planeación desde la perspectiva territorial, y que impulsen la productividad y la competitividad.

Para ello, “nos apoyaremos en las redes de conocimiento: las universidades y los institutos de investigación. Queremos convocarlos a que reconozcan en el campo un espacio de oportunidad y un espacio en construcción (…) bajo la premisa de que para combatir la pobreza debemos generar riqueza”, dijo al participar en el taller de difusión del Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo, el cual ejecuta la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en alianza con la UNAM y con Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

Rivera Rodríguez coincidió con el planteamiento hecho por Luis Gómez Oliver, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, en el sentido de que debe modificarse el gasto público rural.

El académico dijo que debe favorecerse más con el gasto a los llamados “bienes públicos” tanto de beneficio social (educación y salud, por ejemplo) como de fomento productivo (infraestructura de caminos rurales, de comunicaciones y de almacenamiento; ampliación del capital tecnológico, como investigación, extensionismo y capacitación, y sistemas de comercialización, entre otros), sobre los “bienes privados”, como son, en el renglón social, las transferencias directas, y, en el renglón de fomento productivo, los apoyos a individuos, empresas o asociaciones.

Según datos de 2010, 33.5 por ciento del gasto rural va a bienes privados de beneficio social, 26.5 a bienes públicos de beneficio social, 14.6 a bienes privados de fomento productivo; tan sólo 17.6 a bienes públicos de fomento productivo, y 7.8 por ciento a bienes públicos de fomento productivo indirecto (este último renglón se refiere al gasto operativo de las secretarías de Estado relacionadas con el campo y a gasto de educación agrícola superior), dijo Gómez Oliver, también consultor externo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En el taller, realizado la tarde del 16 de febrero en el Aula Magna “Jesús Silva Herzog” de la Facultad de Economía de la UNAM, el coordinador del Seminario Universitario de la Cuestión Social, Rolando Cordera Campos, dijo que “si de algo no debemos tener duda (…) es de la renovada importancia e incluso centralidad que tiene para países como los nuestros y para el planeta en su conjunto el tema de desarrollo rural y dentro de éste el de la pobreza.

Subrayó que debe dársele relevancia a la agricultura familiar; “quizá, entre otros, uno de los grandes errores de las planeaciones anteriores fue no pensar en esta agricultura”.

Gómez Oliver dio datos para entender el reto de la pobreza rural: de acuerdo con las diversas mediciones, la población rural en México suma entre 24 y 37 por ciento del total nacional; está instalada y trabaja su tierra sobre 76.5 por ciento del territorio nacional. Esta población es la responsable de producir los alimentos que requiere el país, y es crucial para la sostenibilidad ambiental,  la conservación de los recursos naturales, y la preservación de nuestras raíces culturales.

Los pobladores rurales, sin embargo, tienen un ingreso 73 por ciento inferior al promedio nacional (mientras que en las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, es 18 por ciento inferior). Es el medio rural donde se concentra la población más pobre.

José Antonio Mendoza Zazueta, secretario técnico del Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo, afirmó que la pobreza rural en México es un mal crónico, transgeneracional, arraigado, y requiere una solución de fondo no sólo por imperativos éticos, sino porque este flagelo está ligado a soluciones que busca la población en la emigración y en la delincuencia organizada, todo lo cual repercute muy nocivamente en la vida social y económica del país.

Aplaudió la voluntad del secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, y del  rector de la UNAM, José Narro, para encabezar este proyecto en México.

El subsecretario Ignacio Rivera es uno de los coordinadores del Proyecto, y destacó que éste se desarrolla en forma paralela en Colombia, Ecuador y El Salvador. Su objetivo es lograr la confluencia de voluntades de la sociedad  -académicos, políticos, gobernantes, organizaciones civiles- para proponer e impulsar políticas públicas que superen efectivamente la pobreza rural.

El Proyecto, dijo, está financiado por el el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), que es una agencia de las Naciones Unidas, y por el International Development Research Center (IDRC), del Parlamento de Canadá.