Puebla, Pue.-Representantes del Congreso Agrario Permanente, Armando Herrera Guzmán, quien dirige la Central Campesina Cardenista, así como miembros de la nueva mesa directiva como el presidente Andrés Hernández Torres de la Unión de Frentes Indígenas y Campesinos, Noé Lozano de la CIOAC y Héctor Miguel Sebastián de la CODUC se pronunciaron contra la aprobación al vapor de las modificaciones al Código de Defensa Social que criminalizarían la luchas campesinas en reclamo de la posesión de tierras de labor.

Coincidieron que Puebla vivió hace años serios conflictos por la invasión de tierras que generaron muertes y cárcel para muchos indígenas y campesinos que luchaban por un pedazo de tierra. Por ello se instaló una mesa de negociación agraria que desactivó los problemas y posteriormente en el gobierno de Mario Marín se creó el Comité Ejecutivo para la Seguridad de la Propiedad Rural con el mismo propósito.

El criterio prevaleciente era que el encarcelamiento de campesinos e indígenas que invadían tierras no resolvía los conflictos, los agravaba pero es este criterio de encarcelamiento el que se busca avalar desde el Congreso del Estado con las modificaciones al artículo 409 y 409 Bis que imponen lo siguiente:

Cuando el despojo (de tierras) se cometa materialmente por 5 ó más personas, la sanción de prisión será de 6 a 9 años y multa de 100 a 1,500 días de salario. Y a quienes dirijan la invasión,  su autor o autores intelectuales la sanción de prisión seria de 7 a 12 años y multa de 1,000 a 3,000 días de salario.

Las modificaciones son una clara dedicatoria a líderes sociales, argumentó Antonio Barrera de la Confederación Agrarista Mexicana porque se protegerá intereses de grupos empresariales que están en ´poder de tierras que antes fueron de campesinos e indígenas como sucede con Almecatla, perteneciente al municipio de Cuautlancingo, zona que es  sede a una empresa que suministra de autopartes a la VW.

En este contexto, dijeron es evidente que la SRA no trabaja y con un nuevo marco legal en el estado se alienta la judicialización de la lucha social y aparte de todo, sobresale la labor de notarios públicos que otorgan escrituras ilegales a empresarios quienes finalmente se quedan con las tierras que originalmente pertenecían a campesinos e indígenas.

Pidieron diálogo y un análisis de fondo de estas modificaciones en el Congreso del Estado porque su aprobación apresurada dará como resultado conflictos sociales como antaño.