- Presenta iniciativa que reforma a la Ley de Desarrollo Social
-Solicita al Ejecutivo Federal diseñar y establecer programas para revertir la pobreza extrema

México, D.F.  Con el objetivo de establecer un conjunto de acciones y elementos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos eneficiarios de la política social, el coordinador del sector agrario de la bancada priísta, Alberto Jiménez Merino, propuso modificaciones a la Ley General de Desarrollo Social.

Expresó que en la cuestión alimentaria, el gobierno federal, como respuesta para atender el problema ha creado programas de carácter asistencial, que si bien han coadyuvado a la solución del problema, también se debe reconocer que han retardado el desarrollo de las familias.

Cabe destacar en este rubro el aumento desmedido de recursos para este Programa dado que  inició con un monto de 9 mil millones de pesos, atendiendo a 2.5 millones de familias. Hoy cuenta con recursos por 45 mil millones de pesos y atiende a 5.5 millones de familias. En este contexto, resulta contradictorio que a pesar del incremento en la cantidad de dinero del programa, durante los últimos años haya crecido el número de personas en situación de pobreza.

Descifró que en México hay más de 54 millones de pobres, de los que más de 20 millones se encuentran en situación de pobreza alimentaria, poco más de 40 millones tienen algún grado de desnutrición. Paradójicamente, la obesidad y el sobrepeso afectan a casi 70 por ciento de la población mayor de 15 años.

En este sentido recalcó que la política social, sus programas y estrategias deben ir acompañados y complementados con acciones que tengan por objeto dotar de herramientas suficientes a los beneficiarios para su autosuficiencia y responsabilidad al generar una producción que les permita contar con un ingreso.

Propone fomentar el desarrollo y la puesta en marcha de proyectos productivos, retomando aquellas experiencias que han brindado buenos resultados, lo cual permitirá contar con una amplia gama de posibilidades para que los beneficiarios de los programas sociales, a la par de los apoyos, puedan desempeñar una actividad productiva que les genere un ingreso, misma que disminuirá la dependencia alimentaria del exterior, ya que en conjunto la producción social puede ser detonante de la economía nacional, enfatizó.

Jiménez Merino aseveró que la política social debe cumplir el principio de integralidad, para generar un mayor impacto en la sociedad. Por ello, subrayó, no debemos dejar al margen componentes vinculados con la provisión de alimentos, ya que más de 10 millones de mexicanos presentan pobreza alimentaria.

Con base en lo anterior, dijo, es imperativo considerar como parte de la política social la soberanía y la seguridad alimentaria, primordialmente de los sectores sociales en situación de pobreza, marginación ó vulnerabilidad, para revertirlas a través de la promoción de apoyos, con el objetivo de alcanzar una vida digna, consistente en alimentación, desarrollo de capacidades, vivienda, ingreso y un ambiente digno que les permita un pleno desarrollo personal.

Para ello es necesaria la planeación del desarrollo social que se constituirá con los diagnósticos, planes municipales y estatales en sus diferentes ámbitos, traducidos en el Plan Nacional de Desarrollo, donde se incluirá el acceso a la educación, servicios de salud, alimentación digna, empleo e ingresos dignos, así como la vivienda digna.

Iniciativa que propone destinar cuando menos el cinco por ciento del presupuesto destinado para los programas de desarrollo social, de acciones, además de los programas que tengan el objeto de garantizar la seguridad y soberanía alimentarias, agregó.

Lo anterior coadyuvado por los municipios, los gobiernos estatal y federal a través de autorizar microcréditos que generen el desarrollo de actividades productivas; en primera instancia los que tienen como objeto la obtención de alimentos, asimismo los que promuevan productos para su venta con la finalidad de obtener ingresos.

Puntualizó su iniciativa al Ejecutivo federal, para que en coordinación con sus dependencias, diseñe e implante el programa destinado a fomentar la seguridad y soberanía alimentarias de los grupos sociales que se encuentran en situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad.