El   Instituto de Ciencias  Jurídicas de Puebla (ICI) recibió por segunda ocasión el reconocimiento a la excelencia por consolidarse como  una institución ejemplar en los esfuerzos de evaluación externa y acreditación.

Julián Germán Molina Carrillo, director  General del ICI, afirmó que este  premio es resultado de trabajo sostenido de catedráticos y personal administrativo de la instituc ión de  la  institución fundada  en 1992, a lo largo de  dieciocho años  ha demostrado la calidad de sus egresados, quienes   hoy ocupan importantes cargos en el sector  público, privado y social.

El ICI,  aseguró, es la segunda institución después de la BUAP  con el mayor  número de alumnos cursando  la licenciatura en derecho y la única de las doce instituciones incorporadas a la BUAP,  certificada bajo  la norma ISO 90001-2008,  y acreditada por el  Consejo Nacional para la  Acreditación  de la  Educación   Superior.

Informó que por otro lado el ICI sigue de cerca el trabajo que viene realizando el  Congreso del  estado para la aprobación de diversas reformas legislativas y de nuevos ordenamientos como el  Código de Procedimientos Penales del  estado y la Ley de Reinserción  social del estado  en relación a las reformas constitucionales aprobadas por el  Congreso de la Unión.

La actual legislatura, afirmó, continúa aprobando leyes si llevar una consulta a la sociedad y con el único objetivo de cumplir con las órdenes del gobernador para tratar de justificar  su pobre desempeño.

Explicó que la Ley de Reinserción  se prevé que entrará en vigor el  18 de junio de 2011, pero la falta de recursos  humanos y de infraestructura son los obstáculos que se tendrán que sortear para que esta nueva  ley genere los resultados esperados de acuerdo a lo aprobado en el Congreso de la  Unión.

El cuerpo legal contempla centros de reinserción social de mínima, media y máxima seguridad, deberán tener partidas federales, sin embargo, éstas han disminuidos en el rubro “aportaciones para la seguridad  pública en los estados y el  Distrito Federal”.

Afirmó que aunque Puebla cuenta  ya con una legislación  en materia de juicios orales, resulta preocupante el hecho de que el presupuesto asignado al poder judicial no se haya incrementado para poner en marcha dichas reforma.

Nos pronunciamos, dijo porque se elimine la Junta de  Administración del Poder Judicial del  Estado, pedimos que vigile la actuación de los  magistrados, jueces y personal de los  tribuales con la  finalidad de garantizar la  impartición de justicia y con calidad, que permita que Puebla salga de los últimos lugares en desempeño que le atribuyen estudios y análisis realizados por instituciones académicas y  del sector  público.