Cholula, Puebla,- “En Puebla es necesaria una reforma que permita mejores prácticas en materia de transparencia y equidad publicitaria, pues a las que actualmente existen les falta criterios normativos o éticos”, afirmó el Dr. Ernesto Villanueva Villanueva, director del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de las Américas Puebla.

El académico de l a UDLAP destacó que después de una revisión de los contenidos normativos de las legislaciones y de la escaza doctrina existente en el tema de transparencia y equidad publicitaria para el estado de Puebla, propone diez indicadores que permitirán llevar a cabo el buen ejercicio de este tema: La existencia de una ley especial sobre la materia; tener fines de servicio público y medios de interés público; la publicidad oficial no debe ser un subsidio a los medios; debe haber equidad en asignaciones de publicidad; debe de existir transparencia de los procesos de asignación; la publicidad oficial debe ser clara y transparente; los contenidos publicitarios deben ser un instrumento de comunicación de interés público; se debe llevar a cabo una medición de tirajes y ratings; y se deberán implementar mecanismos externos de asignación, evaluación y decisión; así como mecanismos de garantía mínima de pluralismo, diversidad y fomento a la lectura.

Sobre las campañas publicitarias, el investigador de la UDLAP dijo que éstas deberán fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, así como respetar la diversidad social y cultural presente en la sociedad. “Para lograr lo anterior se debe prohibir aquellos mensajes publicitarios que destaquen los logros de gestión o los objetivos alcanzados por los sujetos obligados a esta Ley; que obstaculicen o perturben las políticas públicas realizadas por otro poder público en el ejercicio de sus competencias; que incluyan mensajes discriminatorios; y que inciten a la violencia”.

Finalmente el Dr. Villanueva destacó que estos indicadores no proponen soluciones irreducibles que restrinjan la libertad del legislador al momento de elaborar una iniciativa jurídica y ofrecer una solución al problema; sino que establece los contenidos mínimos que deben tomarse en cuenta al momento de elaborar una pieza legislativa que proteja adecuadamente los bienes jurídicos protegidos y establezca mecanismos para promover la eficacia de la normatividad sobre la materia.