Trabajadores de la empresa de agroquímicos Dragón instalada en el municipio de Izúcar de Matamoros desmintieron versiones respecto a los daños causados en la población no sólo ambientales sino en la salud situación que se manipuló en tiempos electorales pero que están a punto de provocar el cierre definitivo de su fuente de subsistencia.

En rueda de prensa  Julio Pérez Sánchez, Javier Esquivel y Santiago Vidal informaron que si bien en el mes de marzo de este año se registró una explosión motivada por la fuga de sustancias químicas, el evento fue controlado en 20 minutos y el riesgo terminó, sin embargo el ayuntamiento de Izúcar de Matamoros ordenó el cierre de la empresa y generó pánico al proceder a la evacuación de los pobladores ubicados en la zona de conflicto.

El accidente se maximizó y empezaron a circular rumores en el sentido de que se detectaban enfermedades graves como cáncer independientemente de que se habló de la contaminación del aire y mantos freáticos, dando paso a un movimiento ciudadano que exige hasta la fecha el cierre definitivo de Dragón pese a la existencia de un amparo que podría ser favorable a la empresa.

Los miembros del comité de trabajadores dieron a conocer procedimientos jurídicos aunados a una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el alcalde de Izúcar por no respetar los procedimientos administrativos para clausurar la planta y violar el derecho al trabajo además de que argumenta carencia de licencia para su funcionamiento cuando no lo requiere la empresa ya que el documento necesario para operar se denomina célula y está vigente y en orden.

Expresaron que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica y paralelamente harán una campaña de difusión entre los habitantes del citado municipio para desmentir falsas versiones toda vez que estudios científicos demostraron que no hay riesgo en el manejo de agroquímicos y no hubo ni siquiera intoxicados durante la explosión del 23 de marzo pese a que se manejó lo contrario.