-RATIFICAN DIPUTADOS FEDERALES DENUNCIA CONTRA FUNCIONARIOS FEDERALES Y CNB

Legisladores federales del PRI ratificaron la denuncia ante la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal contra el Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y demás funcionarios de esa dependencia que resulten responsables del fraude multimillonario cometido en perjuicio de miles de ahorradores de varios estados de la república mexicana, daño que asciende a más de 16 mil millones de pesos, anunció el Coordinador de la diputación federal poblana Oscar Aguilar González.


El legislador federal destacó que tan sólo en Puebla el daño económico asciende a más de 2 mil millones de pesos en detrimento del patrimonio de más de 36 mil afectados por empresas denominadas “Cajas de Ahorro”, “Sociedades de Inversión” e incluso “Inmobiliarias”, dijo.

Urgió sanciones ejemplares para los responsables, como la suspensión del cargo o empleo y su inhabilitación hasta por 10 años para quienes hayan incurrido en este quebranto, si su participación rebasa daños hasta 200 veces el salario mínimo, con el propósito de desterrar este tipo de prácticas.

Acusó que empresas como Financiera COOFIA S.C. de R.L., las dejó florecer y crecer el gobierno federal que no cumple con su responsabilidad y refirió a otros casos como SITMA, donde frente al supuesto vacío legal o complicidad de la autoridad, se dejó operar ante una grave y flagrante violación a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Así como también otras empresas como INVERGROUP y CAJA POPULAR LA PAZ BIENESTAR SOCIAL, SYBCE, GEICI, INVERBIEN, BURCAP y demás cajas de ahorro populares.

Ante esta realidad, aseguró el Diputado Oscar Aguilar,  es innegable que alguien no hizo su trabajo, que alguien no cumplió su obligación legal y por tanto sus omisiones causaron un grave daño al patrimonio de la sociedad. Por lo que demandó iniciar formal procedimiento de responsabilidades administrativas contra el Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como de los demás funcionarios públicos de dicha dependencia que resulten responsables y sancionar de manera ejemplar a los responsables del quebranto de miles de familias a fin de inhibir en lo futuro, la repetición de este tipo de situación fraudulentas.

En su denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, respaldada con rúbricas de más de una treintena de diputados federales de varias fracciones parlamentarias, el legislador federal poblano presentó también la Documental Pública consistente en los informes que deberán rendir ante esa autoridad las Procuradurías Estatales de Justicia de los Estados de Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Aguascalientes, Estado de México, Jalisco, Morelos, Querétaro, Guanajuato, Nuevo León, Guerrero, Baja California y del Distrito Federal.

Subrayó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores debió, en su determinado momento, solicitar la suspensión de actividades de dichas entidades financieras, toda vez que las mismas no cumplían eficazmente con las operaciones y servicios que ofrecían a los usuarios de los mismos; así como intervenir dentro de éstas a fin de conocer y resolver los problemas de solvencia, estabilidad y liquidez y no permitir que estas empresas financieras siguieran captando inversiones.