Hipólito Contreras

En México se requiere por lo menos ocho salarios mínimos actuales para que una familia pueda adquirir la Canasta Básica Alimentaria como lo acaba de proponer la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que recomendó también al gobierno contar con una ley sobre el derecho a la alimentación, afirmó Víctor Manuel Galicia Ávila,  coordinador de los 84 diputados federales de la Confederación Nacional Campesina.

Tras ser elegido por unanimidad para desempeñar el cargo legislativo, el diputado federal anunció que los retos inmediatos son concretar tres importantes leyes, una Agraria; otra de Desarrollo Rural Sustentable  y la de Planeación para la Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional, que son de gran importancia no sólo para los trabajadores del agro sino para la población en general.

“La conformidad nunca será recurso válido, nuevas realidades nos obligan a revisar lo hecho, anticipándonos a lo que posiblemente vendrá. Tenemos por delante seis magníficos meses para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades”, afirmó el legislador.

Galicia Ávila se sumó a la recién propuesta de la ONU  en el sentido de que es necesario establecer en el país un salario mínimo que garantice a los trabajadores satisfacer sus necesidades alimentarias básicas y las de sus familiares, ya que el actual, afirmó, no alcanza ni para adquirir un 20 por ciento de los 121 artículos que comprenden la Canasta Básica.

En este sentido, explicó en entrevista, estudios de la UNAM establecen que se requiere incrementar por lo menos ocho veces el actual minisalario  para cumplir con la recomendación de la ONU.

El legislador bajacaliforniano indicó que la lucha de los legisladores cenecistas por una Ley de Desarrollo Rural Sustentable es para garantizar, entre otros objetivos, la rectoría del Estado en la producción y comercialización de alimento ya que el neoliberalismo económico ha demostrado su fracaso como modelo a seguir y es responsable de que México dependa para la alimentación de sus habitantes en más de un 50 por ciento de productos que se tienen que importar.

Es por esto, señaló, que se debe considerar de interés público el desarrollo rural sustentable, que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, según lo previsto en el Artículo 26 de la Constitución.

Con respecto a la Ley de Planeación para la Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional, explicó que la misma permitirá aumentar la capacidad productiva del agro mediante un sistema eficiente, equilibrado, económica y socialmente, en el mercado nacional y mundial.

La misma, agregó, propone un subprograma de Emergencia para la Erradicación de la Desnutrición a más tardar en el año 2015, reducir la dependencia alimentaria del país y no tener propuestas presupuestarias por debajo del año anterior. 

V Galicia Ávila sustituye en la coordinación a José Manuel Cota Jiménez, diputado federal por Nayarit, quien estuvo en el cargo que  originalmente desempeñó el poblano Alberto Jiménez Merino.