La Confederación Nacional Campesina denunció hoy que mientras el gobierno federal se niega a crear un fondo de 10 mil millones de pesos para atender a los afectados por la sequía, heladas e inundaciones, se ha empezado a registrar un éxodo de miles de campesinos hacia las grandes ciudades como una manera de huir de la hambruna que los amenaza.

El diputado Gerardo Sánchez García, presidente de la CNC, manifestó que las acciones emprendidas por la administración federal panista para enfrentar a las contingencias por el cambio climático no cubren ni el 80 por ciento de los daños sufridos en el país, lo que demuestra una vez más el desaire hacia la población rural.

El dirigente de los campesinos cenecistas insistió en que debe declararse al país en situación de “Tragedia Nacional” por los problemas imprevistos que se han registrado en el sector agropecuario, donde, de acuerdo con datos oficiales, la sequía que se presenta desde hace 18 meses en el centro y norte del país ha afectado por lo menos 989 mil hectáreas de superficie agrícola, así como un millón 750 mil cabezas de ganado que han fenecido.

Sánchez García aseguró que de acuerdo con la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados los daños son cuantiosos y su repercusión nacional es complicada, al grado de profundizar el riesgo de la alimentación de los mexicanos si no se atiende con urgencia.

El líder de la CNC lamentó que, sin embargo, el presidente Felipe Calderón Hinojosa haya criticado durante la semana que terminó a los diputados que piden ayuda para el campo argumentando que no hay recursos, cuando se le ha comprobado la existencia de 38 mil millones de pesos que no se han ejercido del presupuesto aprobado para el año que está por terminar.

“Que quede claro, esa es la propuesta que le han hecho los diputados de los principales grupos parlamentarios preocupados por la difícil situación que pasan los productores del agro, porque es lamentable que Felipe Calderón Hinojosa haya dicho en Durango desconocer de dónde se obtendrán los recursos que se piden”, afirmó.

Gerardo Sánchez García dijo que es absurdo ofrecer sólo dos mil millones de pesos para un problema que afecta a más del 40 por ciento del territorio nacional y a más de 33 millones de mexicanos que, ante la falta de comida por la pérdida de sus cosechas y animales, empiezan a salir de sus lugares de origen en busca de trabajo en las zonas urbanas e incluso en los Estados Unidos.  

La propia Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados ha señalado que “información proveniente de las entidades federativas y de los afectados alcanza cifras muy superiores, a tal grado que ha provocado el fallecimiento de seres humanos por escasez de alimento y de agua. Cabe aclarar que el agua proviene de charcas insalubres, en muchos casos los pobladores comparten este líquido con sus animales”. Esto es, remarcó el dirigente, que en el campo mexicano no sólo se padece hambre sino también sed por la falta del vital líquido.

Pero el gobierno federal, agregó, sólo ofrece paliativos y acciones de limosna, por eso es que de nuevo ha sido reprobado por la sociedad rural al terminar sus cinco años de mandato.

Sánchez García consideró que a los daños causados por la peor sequía de los últimos 89 años, hay que agregar las fuertes heladas atípicas que se presentaron en septiembre en el altiplano mexicano, lo que provocó pérdidas totales a un número crecido de familias de autoconsumo, dejando también a la industria sin algunas materias primas. Además, hay que sumar que el estado de Tabasco se ha visto seriamente afectado con inundaciones en todo su territorio siniestrado en plantaciones, cultivos básicos y ganadería.

Por si fuera poco, el estado de Jalisco ha solicitado se le incluya en el plan de emergencia que se demanda ya que sufrió el embate del el embate del huracán Jova y por otro lado en la zona norte y en la Zona de los Altos de Jalisco también hubo sequías muy graves, lo que significa que a la fecha son 25 los estados de la República que demandan ser incluidos dentro del Fondo que se  pide y que el Gobierno se niega a autorizar.