- Hipólito Contreras
- Categoría: MUNICIPIO
Organizaciones sociales del estado exigen la derogación de la modificación de la Ley del Agua del estado de Puebla, demandan al gobierno del estado que los adeudos de los usuarios no sean constituidos ni ejecutados como créditos fiscales. José Luis N. Alcántara, integrante del Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra y el Agua-Región Malinche, informó que así mismo piden el gobierno estatal asuma la obligación de garantizar el derecho humano al agua hacia toda la población en la entidad a través de las instituciones correspondientes y de los sistemas independientes comunitarios de gestión de agua.
Emplazamos a los diputados que en minoría fueron derrotados en la modificación a la Ley de Agua para que presenten una acción de inconstitucionalidad, conminamos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a presentar una acción de inconstitucionalidad, manifestó.
Rechazamos la aprobación d esta reforma, dijo, porque se deja en manos de la iniciativa privada el establecimiento de criterios para definir tarifas, mecanismos de cobro, con lo que el agua se convierte en mercancía cuando es un derecho humano.
Expuso que la concesión implica que de los 195 pozos que tiene el SOAPAP y que pasará a al concesionaria, implicará abusar de los escurrimientos no sólo en esta cuenca sino en otras para garantizarle agua suficiente para prestar el servicio, los sistema operadores van a ver afectados sus veneros.
Destacó que se propone crear a nivel nacional una nueva ley de aguas que contempla la reforma a la legislación universal, le dará sentido al artículo cuarto constitucional, abrogará la ley de aguas nacionales.
Hizo un llamado a los ciudadanos para que se incorpore a este proceso de protesta en contra de la privatización y defensa del agua como un derecho humano.
Destacó que con la privatización del SOAPAP saldrán afectados más de 500 transportistas que se dedican a la comercialización del agua, pues el nuevo concesionarios será el único que suministre el servicio, va a ser lo mismo que con la recolección de basura en la ciudad.
Emplazamos a los diputados que en minoría fueron derrotados en la modificación a la Ley de Agua para que presenten una acción de inconstitucionalidad, conminamos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a presentar una acción de inconstitucionalidad, manifestó.
Rechazamos la aprobación d esta reforma, dijo, porque se deja en manos de la iniciativa privada el establecimiento de criterios para definir tarifas, mecanismos de cobro, con lo que el agua se convierte en mercancía cuando es un derecho humano.
Expuso que la concesión implica que de los 195 pozos que tiene el SOAPAP y que pasará a al concesionaria, implicará abusar de los escurrimientos no sólo en esta cuenca sino en otras para garantizarle agua suficiente para prestar el servicio, los sistema operadores van a ver afectados sus veneros.
Destacó que se propone crear a nivel nacional una nueva ley de aguas que contempla la reforma a la legislación universal, le dará sentido al artículo cuarto constitucional, abrogará la ley de aguas nacionales.
Hizo un llamado a los ciudadanos para que se incorpore a este proceso de protesta en contra de la privatización y defensa del agua como un derecho humano.
Destacó que con la privatización del SOAPAP saldrán afectados más de 500 transportistas que se dedican a la comercialización del agua, pues el nuevo concesionarios será el único que suministre el servicio, va a ser lo mismo que con la recolección de basura en la ciudad.
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