Puebla, Pue.-La Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Puebla que preside el Diputado Juan Carlos Espina von Roehrich (PAN), aprobó por unanimidad los proyectos de Dictamen por el que se reforman los Códigos de Defensa Social y de Procedimientos en Materia de Defensa Social para la Entidad, en el ámbito de conductas delictivas y de administración y procuración de justicia.

Por lo anterior, los miembros de la Comisión aprobaron las reformas al Código de Defensa Social, las cuales tien en por objetivo actualizar el catálogo de delitos, debido a que actualmente no contempla conductas que ocasionan un reclamo social por la relevancia que tienen en la afectación patrimonial de los particulares.

El Dictamen establece el delito de Receptación, el cual consiste en que el sujeto activo realice acciones tales como adquirir, poseer, desmantelar, vender, enajenar, comercializar, traficar el o los instrumentos, objetos o productos del delito; asimismo, se agravan las penas en el delito de falsificación de documentos; mientras que el delito de desaparición forzada de personas consiste en que el servidor público que, sin causa legítima detenga a una o varias personas con la finalidad de ocultarla u ocultarlas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de la privación; además, fortalece el derecho penal que ejerce el Estado, dotándolo de mejores herramientas jurídicas para hacer frente a la impunidad.

 

Asimismo establece los delitos en materia de esterilización y reproducción asistida, como lo son aquéllos que atentan contra la libertad reproductiva, por lo que se advierten acciones en las que se disponen de elementos biológicos para fines distintos a los autorizados por sus donantes.

Además establece el incumplimiento de la obligación alimentaria, misma que pretende obligar a los deudores alimentarios al estricto cumplimiento de dicha obligación legal; actualiza los montos y sanciones en el delito de robo genérico y de vehículos, y renueva los Delitos de Procuración y Administración de Justicia.

En otros temas, el órgano colegiado avaló, con cinco votos a favor el Dictamen por el que se modifica el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, el cual tiene como finalidad el fortalecimiento de las instituciones de la administración y procuración de justicia, toda vez que se requiere de instrumentos y mecanismos que permitan incrementar la eficiencia, la eficacia y la contundencia de la organización y funciones estatales en la materia.

Cabe señalar que dicho ordenamiento jurídico busca establecer que el Ministerio Público y sus auxiliares, así como la Policía Ministerial y los cuerpos municipales o estatales de seguridad pública puedan ejercer medidas para salvaguardar los indicios, huellas, vestigios y demás elementos relacionados con el hecho delictivo.

También establece nuevas técnicas de investigación que respondan a las necesidades sociales y a las condiciones actuales, por lo que se proponen mecanismos que buscan una investigación eficiente en los casos que resultan delicados por la peligrosidad de sus actores; en el caso particular, las técnicas que se buscan implementar se encuentran relacionadas con los delitos de recursos de procedencia ilícita, trata de personas, delincuencia organizada, secuestro, robo de vehículo, asalto, enriquecimiento ilícito y narcomenudeo.

Además, instituye que la autoridad judicial federal, a petición del titular del Ministerio Público de la Entidad de que se trate, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada, debiendo fundar las causas legales de la solicitud, expresando el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. Dicha acción tiene como finalidad obtener información, como revelaciones y testimonios particulares que sirvan para el esclarecimiento de los hechos investigados.

La reunión contó con la asistencia de los Diputados Jesús Morales Flores (PRI), Myriam Galindo Petriz (PAN), Eric Cotoñeto Carmona (PRD), Zeferino Martínez Rodríguez (PT), Rafael Von Raesfeld Porras (PAN) y Ana María Jiménez Ortiz (PAN).