El programa Fomento a la Inversión Pública y Privada en la Propiedad Rural concreta proyectos por más de 111 mil millones de pesos.

“La Procuraduría Agraria cumple cabalmente con el mandato constitucional que le dio origen y sustento en 1992: asesorar, defender y representar los derechos de los campesinos, y promover mejores condiciones de vida y desarrollo para las familias del medio rural, mediante el aprovechamiento óptimo de sus riquezas naturales”.

Así lo sostuvo el Procurador Agrario, Rocendo González Patiño, ante empresarios y ejidatarios de distintas entidades del país que se dieron cita en esta ciudad para respaldar los avances del programa Fomento a la Inversión Pública y Privada en la Propiedad Rural (FIPP).

Afirmó que una vez superados los procesos históricos del reparto y la certificación de la propiedad social, el campo transita hoy hacia la tercera etapa agraria de México, la de la productividad.

“El campo en nuestro país es mucho más que maíz, frijol y ganado; es una área de grandes oportunidades para impulsar una gran cantidad de proyectos” insistió el titular de la Procuraduría Agraria (PA), al destacar que el FIPP se define hoy como una realidad que está coadyuvando a mejorar las condiciones de vida de los campesinos.

En este mismo sentido coincidieron inversionistas y ejidatarios, representantes de siete proyectos consolidados en el medio rural, al relatar sus experiencias como socios en esquemas de inversión en distintas modalidades productivas.

Miguel Cárdenas Velarde, presidente del comisariado del ejido Isla de Piedra, en Mazatlán, Sinaloa —núcleo que se proyecta como la primera ciudad turística sustentable de México y el mundo— invitó a ejidatarios y comuneros a no vender sus tierras: “traten de buscar quién se asocie con ustedes para que en el futuro sus familias tengan un patrimonio muy bueno”.

En tanto, Víctor Sánchez, representante de la Inmobiliaria Korian y socio en este esquema, comentó: “Los ejidatarios entendieron que no iban a vender su tierra sino que iban a ser socios reales y, con la asesoría de la Procuraduría Agraria, estamos listos para desarrollar un proyecto turístico en 2 mil 400 hectáreas en este destino del Pacífico mexicano”.

A su vez, Juan Cortina, directivo de Grupo Azucarero México e inversionista en el proyecto cañero del ejido Huejotitan de Jocotepec, Jalisco, destacó el rol de la PA en dos aspectos fundamentales: “la confianza y la certeza jurídica que necesitaban las dos partes para sentarnos a hablar y saber que las cosas se iban a hacer bien”.

Por su parte, Gabriela Sánchez, representante de la minera Media Luna, y socio en el ejido Río Balsas, Cocula, Guerrero, señaló que la participación de la PA ha sido de vital importancia en este caso “no sólo por facilitar la asesoría a los ejidatarios sino porque proveen la figura jurídica necesaria a los inversionistas para que tengamos garantías en las tierras donde nos proponemos invertir”.

Estos testimonios forman parte de los 2 mil 190 proyectos concretados por la PA en 36 meses de operación del FIPP, con inversiones que superan los 111 mil 346 millones de pesos, en desarrollos de tipo agropecuario, turístico, industrial, minero, servicios y equipamiento urbano, así como de infraestructura y ecológicos.

A la fecha, ya se entregaron 2 mil 558 millones de pesos a 224 mil 868 campesinos involucrados, y adicionalmente este programa permite generar nuevas fuentes de empleo en el campo, con más de 73 mil empleos directos e indirectos, conforme a las proyecciones establecidas en los acuerdos signados por inversionistas y campesinos.