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Frente a los múltiples desafíos globales por la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas, México es un ejemplo a nivel mundial por su esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA), el cual representa una alternativa y lección para otros países que desean mejorar la gestión de su capital natural.
En el marco de la Décima Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, que se realiza esta semana en Nagoya, Japón, se presentó el reporte: “Incorporando la economía de la naturaleza: Una Síntesis del Enfoque, Conclusiones y Recomendaciones de TEEB”, el cual es un informe final del “Estudio sobre la Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad” (TEEB), un proyecto que examinó durante tres años los beneficios que el mundo obtiene gratuitamente de la naturaleza.
Implementado desde hace siete años por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), el PSA es un incentivo económico a los dueños de los dueños de terrenos forestales para preservar los ecosistemas que proveen estos invaluables servicios, evitando el cambio de uso de suelo (deforestación) y/o la degradación de los bosques. |
En el mencionado informe final, se destaca el ejemplo de México por su esquema de Pago Por Servicios Ambientales, que desde su implementación hace siete años, ha hecho partícipes a los dueños de bosques (pequeños propietarios, comunidades y ejidos), lo que ha permitido reducir a la mitad la tasa anual de deforestación, proteger las cuencas hidrográficas y los bosques de nubes, así como evitar la emisión de 3.2 millones de toneladas de dióxido de carbono.
Del 2003 al 2010, la CONAFOR asignó 5 mil 289 millones de pesos bajo el esquema de Servicios Ambientales para ejecución de 4 mil 646 proyectos de conservación, en una superficie de 2 millones 767 mil hectáreas. También apoyó la elaboración de 760 documentos para proyectos (2004 a 2009) con una inversión adicional de 85 millones beneficiando a más de 5,400 ejidos, comunidades y pequeños propietarios en todo el país. |
El TEEB es un estudio impulsado y financiado principalmente por la Comisión Europea y auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); ha reunido las mejores pruebas económicas disponibles que demuestran que los costes generados por la degradación de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad son demasiado elevados para nuestras sociedades.
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