En los últimos años el Estado Mexicano  vendió  las empresas paraestatales, que producían los insumos y los servicios para el campo: semillas, fertilizantes, agroquímicos, maquinaria agrícola, seguro agropecuario y el sistema de comercialización de los productos básicos. También retiró  la inversión pública en infraestructura hidroagrícola, de almacenamiento de cosechas y de ferrocarriles, disminuyendo drásticamente  el crédito rural y retirando la asistencia técnica en el campo. Estas funciones fueron asumidas por empresas  privadas,

ante el abandono estatal en el fomento de la producción agropecuaria.
La liberación comercial agropecuaria, con la firma del TLCAN, entre otros, vino a beneficiar sólo a las empresas con  una fuerte capacidad de exportación. Los medianos y pequeños productores agropecuarios resultaron perjudicados gravemente, debido a las asimetrías entre los productores de los tres países, en capacidad de producción, recursos naturales,  calidad de tierras, acceso al financiamiento y políticas de fomento productivo. En síntesis, las condiciones de competencia en la producción de alimentos eran muy desiguales, en perjuicio de los productores mexicanos.
La adecuación  del marco jurídico, mediante nuevas leyes para privatizar la tierra, el agua y los recursos naturales, vino a legalizar el despojo y la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación genética del maíz y el trato preferente a las empresas extranjeras
Las crisis económicas en México  han sido recurrentes: socializan las pérdidas y privatizan las ganancias, como sucedió con la nacionalización de la banca,  la posterior venta de los bancos y el rescate bancario. Todo eso provocó la descapitalización rural, la falta de oportunidades de desarrollo, el incremento de la pobreza y el aumento de la migración.
El triunfo de un nuevo partido en el poder  en el año 2000, significó una alternancia fallida y la continuación de un modelo económico  que  mantiene en exclusión a los campesinos,  sin que se pueda vislumbrar hasta ahora una visión más humana de trato para ellos.
Se ha pasado del monopolio estatal al oligopolio comercial, renunciando el Estado a su responsabilidad de regular  y fomentar la producción y comercialización de los productos agropecuarios, lo que sólo beneficia a unos cuantos.
Este periodo se conjuga con la acumulación de crisis: energética, económica, de seguridad, de agua, alimentaria y ambiental. En este periodo el precio del barril  de petróleo pasó de los veinte dólares a los 100 dólares en el mercado mundial, lo que encareció la vida en México, pero el gobierno sólo despilfarró la riqueza petrolera sin lograr el desarrollo nacional.
Las crisis económicas recurrentes, comenzando con la de 1982, con la devaluación del peso y la de 1994 con el error de diciembre y su efecto  tequila, afectaron el bienestar de la población rural al poner en riesgo el patrimonio familiar  de generaciones y eliminando las oportunidades de desarrollo  de los jóvenes. En 2008,  la crisis alimentaria, con el incremento de precios en el mercado internacional y el incremento de las importaciones, redujo los ingresos de las familias que destinaron mayores recursos a la alimentación. Como el gobierno no generó políticas de fomento a la producción nacional de alimentos y no aceptó crear una reserva estratégica de alimentos, se  puso en riesgo la seguridad alimentaria del país. A su vez, la crisis de seguridad con un aumento drástico de la violencia en los últimos seis años, afecta sobre todo a los jóvenes en el medio rural, que ante la falta de oportunidades se ven envueltos en actividades del crimen organizado
El deterioro de los recursos naturales, se reflejó en la sobreexplotación de acuíferos, el deterioro de las cuencas hidrológicas, la deforestación, la contaminación del agua, el incremento de la desertificación, el aumento de la superficie siniestrada por efectos del cambio climático, el deterioro de los pastizales y  la falta de cultura de cuidado del agua. Además, los cada vez más prolongados periodos de sequía en el norte del país, han afectado lo producción de granos básicos y la ganadería, provocando mayores incendios forestales,  desabasto del mercado interno y encareciendo los precios al consumidor.