Hipólito Contreras/ Mario Vélez Merino, dirigente de la Unión Campesina Democrática, hizo un llamado a los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, para que antes de que se vayan hagan un acto de justicia a favor de los indígenas de Azumiatla y les devuelvan 156 hectáreas.
Informó que el pasado 17 de septiembre les había fijado el Tribunal Superior de Justicia la fecha para que los indígenas de San Andrés Azumiatla ratificaran una queja que interpusieron en contra del juez de Cholula, Francisco Javier Martínez Castillo, porque siete veces ha cancelado el careo con la parte acusadora.
El juez, dijo el dirigente campesino,”en pleno contubernio con los empresarios de la empresa Triturados Basálticos Tomé Villalba, ha protegido a los empresarios”. Los indígenas, afirmó, hicieron acto de presencia para ratificar su queja contra el juez ya que la ley lo mandata para que haga comparecer a los acusadores a través de la policía judicial y puedan desahogar una prueba que para ellos es determinante.
Afirmó que el juez de Cholula les propuso es que se desistieran de la prueba para que pudiese dictar sentencia.
Nos parece, dijo, una violación grave en contra de esta gente humilde y pobre que además sufren las vejaciones por parte de funcionarios que consiste en el despojo de sus tierras.
Indicó que los dieciocho indígenas que fueron detenidos hace más de un año siguen firmando cada ocho días en el juzgado de lo penal de Cholula porque con una firma que haga falta el juez revoca la libertad bajo fianza y los encarcela nuevamente.
Expuso que el fondo de todo esto es concluir el despojos de tierras en contra de los indígenas de Azumiatla, las 156 hectáreas, afirmó, es la entrada del macro proyecto que vienen planteando sobre el rescate de la presa de Valsequillo, en Tecola, el Rincón, el Aguacate, los Ángeles y en otras comunidades existe un ejercito de especuladores comprando tierras, valiéndose de la ignorancia de la gente, aprovechando acceso a una información privilegiada.
Denunció la familia Tomé ya construyó una enorme barda para rodear las 156 hectáreas que corresponde a los indígenas desde hace muchos años.
Los campesinos, aseguró, tienen escrituras que les entregó el actual gobernador cuando fue Secretario de Gobernación en el gobierno de Manuel Bartlett, ahora dicen que no valen, sin embargo, de todas formas las tierras son de ellos, las tienen en posesión desde hace muchos años.