++El Consejo Universitario saliente, se eligió en 2019, está incapacitado para tomar acuerdos

++ Si el actual Consejo Universitario nombrara al nuevo Rector, este nombramiento carecería de legalidad, así como de legitimidad.

++ Además, acarrearía efectos devastadores para la Universidad, ya que las dos máximas autoridades, la personal y la colegiada, de la Universidad estarían al margen de la ley dejando a la institución acéfala y en un vacío jurídico y político.

 En comunicado abierto, la Doctora Guadalupe Grajales y Porras, aspirante a  la Rectoría, explica el contexto en el que se encuentra la elección de Rector de la BUAP para el período 2021-2025.

 De sus consideraciones, destacan los siguientes puntos:

 1.-El consejo universitario saliente ya está “incapacitado” para tomar acuerdos. Ya no tiene la competencia y cualquier acto que realice es nulo de pleno derecho. Por ejemplo, sería totalmente absurdo e improcedente que, para darle apariencia de legalidad a sus acciones, un organismo como éste pretendiera autoprorrogar su mandato para seguir decidiendo sobre cualquier aspecto de la vida universitaria, incluido obviamente el proceso de elección de la rectoría de la institución.

2.-La lógica jurídica es implacable. Este consejo universitario que inició su período en marzo de 2019 sólo puede renovarse. Ya no puede tomar decisiones, de ningún tipo, pues éstas carecen de fundamento legal que lo acredita como el máximo órgano colegiado de gobierno de la universidad. Lo mismo sucede con todas las comisiones que de él emanan. Ya no están vigentes. Su mandato ha terminado.

3.- Este consejo, que ha concluido su período, no sólo estaría actuando ilegalmente sino que carecería de toda legitimidad.

Se trata de la representación estudiantil, pues los estudiantes que ingresaron en 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022 no eligieron a los consejeros estudiantiles actuales, puesto que éstos fueron elegidos en marzo de 2019.

Estamos hablando de que en caso de autoprorrogar su mandato, se estaría burlando el derecho a más de 100 000 estudiantes de elegir a sus representantes. Lo mismo pasaría con la representación magisterial y la del personal no académico, pues no tendrían la oportunidad de proponer y elegir a sus nuevos representantes.

4.-Si el actual Consejo Universitario nombrara al nuevo Rector, este nombramiento carecería de legalidad, así como de legitimidad. Esto acarrearía efectos devastadores para la Universidad, ya que las dos máximas autoridades, la personal y la colegiada, de la Universidad estarían al margen de la ley dejando a la institución acéfala y en un vacío jurídico y político.