PUEBLA, PUE.-Antonio Barrera Evangelista, integrante del Congreso Agrario Permanente, comentó que el día de hoy se hace presente el Frente Agrarista Poblano, ante la comunidad poblana y en especial a la sociedad rural.

Señalo que nace una nueva etapa en la lucha por el bienestar de la comunidad rural, de las poblanas y poblanos, los productores están muy preocupados de las actuales prácticas de gestión en la Secretaría de Desarrollo Rural. No se ha conducido con transparencia, sobre todo, porque no se publican las convocatorias, ya que los programas se ejecutan a discreción, a través de los Delegados de

los Distritos de Desarrollo Rural.

Agrego que hacen responsable de esta práctica que violenta el marco legal como la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y el Presupuesto de Egresos de la Federación, entre otros, a la titular del ramo Ana Laura Altamirano Pérez.

Así también, otro ejemplo de cómo se manejan las cosas en la Dependencia, son las licitaciones en la adquisición de máquinas y herramientas del campo, ya que son de ínfima calidad, lo que coloquialmente se llaman hechizas, que a los primeros usos quedan completamente inservibles.

Además del tema productivo, el campo es una visión integral, hay problemas muy graves como en educación, salud, infraestructura en caminos, puentes, captación de agua, represas, caminos, carreteras, transporte y sobre todo la seguridad; porque siguen los asaltos en el transporte, robo de vehículos y tractores, incendios provocados, robo de ganado y cosechas, entre otros.

Manifestó que no deben caer en esa práctica, sobre todo cuando se busca una

sociedad más igualitaria. No olvidemos que Porfirio Díaz cayó en esa tentación de descalificar y perseguir a los líderes campesinos y obreros. Es por ello que, en Puebla, exigimos se respete la ley de Desarrollo Rural Sustentable, misma que obliga a la titular del ramo, a realizar cuando menos tres asambleas informativas sobre Programas y su correspondiente ejercicio de recursos, así como la publicación en tiempo y forma de cada una de las convocatorias de los programas contemplados en el presupuesto de egresos de la Federación.

Por tal motivo hacemos un llamado al Gobierno Federal y estatal a reconsiderar la lucha campesina, con mecanismos para evaluar las buenas prácticas en el

trabajo de las organizaciones, las organizaciones campesinas no somos crimen organizado, somos entes constituidos legalmente y nuestra fuente de derecho y lucha es el artículo 27 Constitucional, que no debe ser tampoco monopolio burocrático, con prácticas poco transparentes como es el caso de Ana Laura Altamirano Pérez.

Expreso que las organizaciones de la sociedad rural son de izquierda natural y la mayoría de lideres militaron en partidos opositores al sistema corrupto

neoliberal y también aliadas a la Cuarta Transformación en pasadas elecciones, por lo que no entienden ese maltrato de nuestro Gobierno a quien respetamos y también exigimos se reconsidere una vez más, su posición.