TEZIUTLÁN, Pue.- La vía judicial, es el único camino para resolver el caso Coofia; por ello, es necesario que las víctimas de la financiera no presten oídos a alborotadores y seudoabogados que sólo pretenden lucrar con la problemática y desvirtuar la acción de la justicia, sostuvo el subprocurador del Ciudadano.

Asimismo, advirtió sobre acciones de protagonismo que realiza un "abogado" de nombre Luis Moreno, en el municipio de Teziutlán, quien, sin empacho alguno, de acuerdo a versiones de sus víctimas, exige a los afectados por Coofia dinero para gastos de representación y los hace firmar documentos que amparan el 25% de lo que se pueda recuperar.

Lo anterior, aseveró, sin informar a sus clientes que la única instancia para negociar con el titular del Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fideicomiso Pago o Fipago), es el Gobierno del Estado; ya que en el caso de Coofia la Federación no acuerda con particulares.

A este "profesionista", enfatizó, se le olvida, o tal vez nunca lo aprendió, que un lío jurídico se debe resolver ante las instancias jurisdiccionales correspondientes y no con actos de provocación.

Tanto el trabajo de la Procuraduría del Ciudadano como de la Procuraduría General de Justicia -en materia de asistencia jurídica- y de otras instancias del Gobierno Estatal, involucradas en alcanzar justicia a favor de los afectados de la financiera, se lleva a cabo con cabal pulcritud y claridad, con información oportuna a las y los poblanos víctimas de la empresa de inversión.

Además, puntualizó, las negociaciones entre los representantes del Fideicomiso Pago y el Gobierno del Estado van por muy buen camino y en un plazo mediato darán resultados a favor de los defraudados por la multicitada Coofia; es por eso, que las víctimas deben tener paciencia y una total confianza en el apoyo jurídico que les brinda la autoridad estatal.

Cabe destacar que al momento, personal de la Procuraduría del Ciudadano han tenido contacto directo con alrededor de siete mil inversores en diversos puntos de la entidad, lo que se ha traducido en la integración de más de tres mil expedientes e igual número de denuncias ante el Ministerio Público, por un monto aproximado a los 350 millones de pesos, lo que refleja la eficacia y contundencia de la asistencia jurídica que brinda el Gobierno del Estado a favor de los defraudados por la financiera.

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