Víctor M. Quintana S.

En los últimos días, dos conjuntos de hechos nos recuerdan esta realidad-límite que empezamos a vivir. El primer conjunto es de carácter planetario; el segundo, parece ser local, pero sus implicaciones son nacionales. Aquel lo constituyen todos los acontecimientos que se vienen dando con motivo de la sequía en los Estados Unidos, en Rusia y en otros países del norte y el impacto en la disponibilidad y el precio de los alimentos.  El segundo está marcado por la continuidad de la lucha de los defensores del agua del desierto chihuahuense contra de las apropiaciones ilegales y/o injustas del agua en Chihuahua.

La peor sequía de medio siglo está afectando a dos tercios de la Unión Americana, sobre todo a la región de las praderas, granero del planeta lo mismo que a Rusia y a Ucrania, grandes productores de gramíneas.

Todo esto hará que la oferta mundial de tres granos básicos: maíz, trigo y soya disminuya cerca del 25%. Sólo un incremento de las cosechas de otros países como China, Argentina, Brasil y México podría librarnos de una crisis alimentaria como la del 2008, con los subsecuentes estallidos sociales como los hubo aquel año y el 2009.

 

 

El presidente Barack Obama actúa con presteza: anuncia la compra de 170 millones de dólares en alimentos, sobre todo de carne y pescado para ayuda a familias que lo requieran; además de los 941 millones que ya gastó en comprar comida el Departamento de Agricultura. Obama urge, además, la aprobación de la Farm Bill, (Ley agrícola), que prevé la ayuda para granjeros y familias afectados por el cambio climático durante un período de siete años. (La Jornada, 14 de agosto).

Aunque los especialistas insisten en que esta crisis sólo va aumentar en un 4% el precio de los alimentos en los Estados Unidos, en México, el precio del huevo ya aumentó en un 76% en lo que va del año y se prevé que el precio de la tortilla se incrementará en un 30%.

Por otro lado, el accionar de los agricultores del movimiento “defensores del agua del desierto chihuahuense”, continúa a pesar de la satanización de que son objeto por algunos medios. El tres de agosto lograron que el gobierno federal firmara importantes acuerdos para poner fin a los aprovechamientos ilegales en la cuenca del río del Carmen, para que la CFE y SAGARPA cesen de subsidiar a los agricultores que llevan a cabo tales aprovechamientos y para que SEMARNAT niegue los permisos de cambio de uso de suelo en acuíferos y cuencas sobreexplotadas. Pero las acciones de los defensores empiezan a despertar conciencias en el medio urbano: cuando denuncian que la sobreexplotación del acuífero Santa María, afecta a la población de Ciudad Juárez por estar conectado al acuífero Conejos Médanos, la opinión pública fronteriza empieza a interesarse en este grave problema.

Los dos casos son muy diferentes, el de la sequía y la carestía de los alimentos y el del aprovechamiento ilegal del agua superficial o subterránea. Sin embargo, llevan a lo mismo al menos en dos aspectos: en primer lugar, dicen relación a dos bienes básicos para la vida: el agua y los alimentos, cada vez más afectados por el cambio climático. En segundo lugar, demandan la intervención del Estado para vigilar y garantizar el acceso sustentable a dichos bienes.

A contrapelo del neoliberalismo que les exigen a otros países, Obama, como jefe de Estado, interviene de manera pronta ante la sequía y carestía de alimentos y presenta una propuesta multianual dirigista, en materia alimentaria y agrícola. A su manera, los productores que defienden el agua exigen también que el Estado sea quien ponga el orden para que el agua deje de ser aprovechada por unos cuantos agricultores ricos y se vede su acceso a los consumidores urbanos y agricultores con menos recursos.

Es aquí donde se muestran los límites autoimpuestos a la acción del Estado mexicano. En materia alimentaria la política es cortoplacista, dispersa, si no contradictoria, entre las secretarías de Economía y la SAGARPA. No hay una reserva estratégica de alimentos; las importaciones son dictadas a la carta por las grandes corporaciones del agronegocio; no hay planes a mediano plazo, multianuales de producción, de distribución, de reservas. En materia hídrica y ambiental, CONAGUA, SEMARNAT, PROFEPA y SAGARPA siguen rutas paralelas. En uno de los países con mayor extensión árida sigue vigente el concepto legal de “libre alumbramiento” de las aguas, que privilegia el aprovechamiento individual sobre el bien comunitario.

Parece que los grandes poderes trasnacionales no están dispuestos a ceder ganancias para amortiguar el cambio climático. Por eso urge una política de Estado en materia hídrica y ambiental: unitaria, con gran participación social, estratégica, a corto, mediano y largo plazo. Un consejo de Estado es decir, del gobierno y la sociedad, que diseñe, supervise y evalúe la política estratégica en cuestiones de agua y alimentos, Porque si el neoliberalismo sigue imperando también en estos aspectos, a muy corto plazo todos estaremos muertos.